Foto: Flickr

Un diplomático afronta ir a la cárcel por adulterio y su amante una orden judicial de alejamiento, a raíz de que la agraviada esposa desempolvara la ley que en Filipinas castiga la relación extramarital con penas de hasta seis años de prisión.

El caso de Francisco Ortigas, embajador en México de 2008 hasta hace dos años, y a quien la policía detuvo esta semana acusado de convivir con una amante en un piso de Manila, refleja la influencia de la Iglesia Católica en la legislación de Filipinas, colonizada por España durante más de tres siglos.

La ley filipina establece que el concubinato es un delito que se produce cuando un hombre casado mantiene relaciones sexuales con una amante en el hogar familiar del primero o hace vida marital en otra vivienda con una mujer con la que no ha contraído matrimonio.

Ortigas, empresario y descendiente de una poderosa dinastía de políticos y empresarios de origen español, fue arrestado por agentes de la Policía mientras estaba en su oficina del distrito financiero y trasladado a comisaria, donde permaneció hasta que unas 24 horas después fue puesto en libertad provisional previo pago de una fianza de 10.000 pesos (180 euros o 233 dólares).

"La dolorosa verdad es que me casé con un abusador, un tacaño, un incorregible mujeriego y, lo peor de todo, un pervertido", plasmó la denunciante, Susana Madrigal, en la declaración policial de la que se han hecho eco los diarios filipinos.

El acusado, casado durante 43 años con la misma mujer, continuará en libertad provisional a la espera de sentarse en el banquillo y, de ser declarado culpable de concubinato, puede ser condenado a penas de seis meses a seis años de cárcel.

El Código Penal filipino también contempla castigar a la amante del marido adúltero con una orden de alejamiento para poner entre ambos una distancia de entre 25 a 250 kilómetros, que equivale al "destierro" de la querida.

La legalización del divorcio en Malta en mayo del año pasado dejó a Filipinas como el único país del mundo, si se exceptúa al Estado Vaticano, sin una ley que permita disolver el matrimonio.

Sin embargo, en este país asiático en el que el 80 por ciento de sus 95 millones de habitantes se confiesa católico, cantidades de dinero que oscilan entre los 1.000 y 4.000 dólares abren la vía para solicitar la nulidad eclesiástica del matrimonio.

La agraviada esposa, también de una familia de la alta sociedad filipina, se ha explayado con declaraciones a la prensa local en las que tilda al marido de haber sido un adúltero incorregible durante los 43 años de matrimonio.

Entretanto, el supuesto marido infiel guarda absoluto silencio y su abogada y portavoz, Elizabeth Loriega, responde a la prensa volcada en el caso que "esta es una cuestión puramente privada a la que los individuos refinados y civilizados evitan dar publicidad".

Hasta el momento, el poder de la Conferencia Episcopal unido al del sector social más conservador han malogrado todos los intentos de dotar al país de una ley de divorcio y también de planificación familiar, a pesar del amplio uso de los anticonceptivos

El presidente Benigno Aquino, considerado el soltero de oro de Filipinas, ha descartado del todo la aprobación del divorcio durante su mandato, aunque sí se ha pronunciado a favor de que exista una ley de planificación familiar en este un país acuciado por la pobreza y con un alto índice de natalidad.

EFE