El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue expulsado del Senado de Italia tras su condena a cuatro años de prisión por fraude fiscal, lo que, en su opinión, viste de "luto" la democracia y no supondrá su derrota política, pues asegura a sus rivales que no se retirará a "ningún convento".

El empresario multimillonario, quien entró en política hace veinte años, volvió a acaparar toda la atención de Italia con la votación celebrada el pasado miércoles 27 de noviembre en el Senado sobre la retirada de su escaño, una cita a la que Berlusconi respondió con una multitudinaria concentración a las puertas de su residencia en el centro de Roma.

El resultado de la votación en la Cámara alta fue el previsto, con, entre otros, el Partido Demócrata (PD) del primer ministro italiano, Enrico Letta, apoyando la expulsión de Berlusconi, el líder con el que había formado la coalición de Gobierno que sacó al país del bloqueo político tras las elecciones de febrero.

La expulsión del ex primer ministro se realizó mediante nueve votaciones, las de otras tantas proposiciones planteadas por senadores que pedían que no se aplicara a Berlusconi la llamada "ley Severino" del anterior Gobierno de Mario Monti, que establece la salida del Parlamento de los condenados a más de dos años de cárcel.

Las nueve votaciones, a través del procedimiento telemático (permite saber la opinión de cada senador), tuvieron un resultado muy parecido, situándose en una media de 194 votos en contra, 114 a favor y 2 abstenciones.

Instantes antes de confirmarse su expulsión de la Cámara alta, en la manifestación con sus seguidores, el ex primer ministro advirtió a sus rivales políticos, y también a la "magistratura de izquierdas", de que no han ganado la batalla y piensa seguir siendo el líder de su partido, aun fuera del Parlamento.

Berlusconi tiene ahora por delante el cumplimiento del año de servicios sociales en el que queda su condena por fraude fiscal, así como el recurso al Tribunal Supremo de la pena accesoria de dos años de inhabilitación para cargo público por este caso, impuesta por la Corte de Apelación de Milán el pasado 19 de octubre.

EFE