Instalarán base policial y militar en zona donde mataron a asháninkas

El Estado instalará una base policial en Puerto Putaya y reactivará la base militar en Alto Tamayo en Ucayali para dar protección a las comunidades asháninkasque son víctimas de taladores ilegales de madera, informó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte.

Precisamente la minstra Omonte se reunió con la viuda del líder asháninka, Edwin Chota Valera, y las viudas de otros tres miembros de la comunidad indígena Saweto, quienes fueron asesinados por presuntos taladores ilegales de madera en Ucayali.
 
Los deudos manifestaron que siguen recibiendo amenazas y temen por la vida de sus hijos quienes han quedado en la orfandad.

Por tal motivo la titular del Ministerio de la Mujer se comunicó telefónicamente con el ministro del Interior, Daniel Urresti, a quien consultó sobre la decisión del Presidente Ollanta Humala, expuesta en un Consejo de Ministros, de instalar una base policial.

El ministro Urresti confirmó la instalación de la Base Puerto Putaya, que contará con 20 agentes policiales en la zona de frontera.

Asimismo, en comunicación con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP Leonel Cabrera, se confirmó, para tranquilidad de los comuneros, la próxima reactivación de la Base Alto Tamayo.
 
La ministra anunció también que cada viuda recibirá un importe económico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Asimismo, funcionarios del ministerio llevarán hoy a los familiares a que reciban atención médica, sobre todo las mujeres y los niños.
 
Al término del encuentro, se les entregó ayuda social a Ergilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos Pérez, y madre de seis hijos; Lita Rojas Pinedo, viuda de Leoncio Quiquisimo Meléndez, y madre de cuatro hijos e hijas;

También para Adelina Vargas Santillán, viuda de Francisco Pinedo Ramírez, madre de cuatro hijos e hijas; y Julia Isabel Pérez Gonzales, viuda de Edwin Chota Valero, madre de dos hijos.

En la reunión participó el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, y los representantes legales de los deudos asháninkas.

Andina