El Poder Judicial admitió la demanda interpuesta por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) contra el Ministerio de Educación, para que se deje sin efecto la resolución ministerial del 30 de julio pasado, mediante la cual se pretendió instalar tardíamente el grupo de trabajo para el proceso de cierre de esa entidad.
El proceso de Garantía Constitucional cuestiona que la mencionada Resolución Ministerial haya sido emitida fuera del plazo concedido al Ministerio de Educación, previsto en la Ley Universitaria.
En su demanda, la ANR recuerda que la nueva ley, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de julio, facultaba al Minedu para que en un plazo no mayor de diez días instale el grupo de trabajo encargado de realizar el cierre presupuestal, patrimonial, administrativo de personal y financiero de la ANR y el CONAFU.
Sin embargo, indican que esta disposición recién se oficializó el 30 de julio, "cuando ya se encontraba fuera del plazo legal para hacerlo". "De este modo, la “instalación” efectuada mediante la Resolución Ministerial cuestionada, no se ha realizado conforme a la ley Universitaria", señalan en un comunicado de prensa
