Más de 2 millones participaron en consulta de independencia en Cataluña

Más de dos millones de ciudadanos participaron este domingo en una consulta alternativa sobre la eventual independencia de la región autónoma de Cataluña (noreste de España), en abierto desafío a las autoridades españolas que la declararon ilegal y sin garantías democráticas.

Según anunció el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, promotor de la consulta, "más de 2 millones de personas", de un censo estimado de 5,4 millones, acudieron hoy a los puntos de votación que fueron habilitados por las entidades convocantes -partidos y organizaciones ciudadanas favorables a la independencia.

El Gobierno español dejó claro que no da ninguna validez a las cifras proporcionadas por la Generalitat (gobierno autónomo catalán), dado que la consulta careció de "mecanismos de control" como un censo previo o una junta electoral que vele por la limpieza del proceso, según dijeron a Efe fuentes del Ejecutivo central.

En una declaración institucional, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que el ejercicio de hoy fue un "simulacro inútil y estéril" que carece de cualquier validez democrática y que solo sirve para "exacerbar" la división entre los catalanes.

A juicio del Ejecutivo español, la de hoy fue una "jornada de propaganda política, organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier tipo de validez democrática".

A los participantes en la votación -mayores de 16 años con residencia acreditada en Cataluña- se les planteaba hoy una doble pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y, en caso afirmativo, "¿Quiere que sea un Estado independiente?".

La votación tuvo lugar pese a que el Tribunal Constitucional español suspendió, primero, el plan de la Generalitat catalana de celebrar un referéndum de autodeterminación y, poco después, también la fórmula de una consulta alternativa con las mismas preguntas.

Para esquivar la prohibición, la autoridades rebautizaron la consulta como "proceso participativo" y confiaron su ejecución a millares de voluntarios que hoy se distribuyeron por 1.317 puntos de votación en todo el territorio catalán.

Aunque las urnas no fueron finalmente retiradas, la justicia investiga si el gobierno catalán ha incurrido en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de dinero público.

La Constitución española de 1978 atribuye solo al Gobierno central la potestad de convocar referendos y no contempla la posibilidad de la secesión de una parte del territorio, ya que corresponde a todos los españoles decidir sobre el futuro del país.

Pese al rechazo de los jueces, del Gobierno central y de los principales partidos españoles, el presidente catalán, Artur Mas, mantuvo la cita del 9N (9 de noviembre) a la que se comprometió con los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido en ascenso que presta apoyo en la Cámara catalana a su gobierno minoritario.

Mas mantuvo durante la jornada una actitud desafiante, lo que añade incertidumbre a la búsqueda de una salida negociada.

"Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno", afirmó Mas tras votar a favor de la independencia en una escuela de Barcelona.

GOBIERNO ESPAÑOL CONSIDERÓ "INÚTIL" EL "EJERCICIO ANTIDEMOCRÁTICO"

Por su parte, el Gobierno español consideró "inútil" el "ejercicio antidemocrático" que se ha desarrollado en Cataluña y estimó que el comportamiento del presidente de la Generalitat "dificulta mucho el futuro", según dijeron fuentes oficiales.

El líder catalán anunció hace unos días que, una vez celebrado el 9N, enviaría una carta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy (PP, conservador) para abordar mejoras en el autogobierno de Cataluña y le plantearía que se puede hacer un referéndum soberanista "definitivo" y "acordado" con el Estado al "estilo británico".

Rajoy ha mostrado en numerosas intervenciones públicas su disposición al diálogo con Artur Mas, pero siempre desde la premisa del respeto a la ley y la Constitución.

España es uno de los estados más descentralizados de la Unión Europea y en él goza Cataluña de una amplia autonomía, con gobierno, parlamento y policía propios.

La reciente crisis económica y la negativa de las autoridades centrales a otorgar un régimen fiscal especial a Cataluña están en la raíz del auge del independentismo en esta región, que produce aproximadamente el 20% del PIB español.

El desafío soberanista coincide con una serie de escándalos que han afectado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Mas que ha ejercido el gobierno en la comunidad autónoma durante más de 30 años.

Su líder histórico, Jordi Pujol, que fue presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, está siendo investigado junto con su familia por presunto fraude fiscal y blanqueo de dinero.

EFE