Médicos bolivianos reanudan huelga contra Evo Morales

Miles de médicos reanudaron hoy la huelga contra un decreto del presidente boliviano, Evo Morales, que aumenta su jornada laboral de 6 a 8 horas, en el comienzo de una oleada de conflictos sindicales y sociales que el Gobierno intenta frenar judicialmente, por considerar que violan la Constitución.

Los médicos reanudaron su protesta después de que el Ministerio de Salud anunciara que mantiene el decreto, pese a que la semana pasada había aceptado dialogar sobre la jornada, lo que llevó a una tregua de la huelga iniciada el pasado 28 de marzo.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios, dijo a periodistas que el paro se reanuda "hasta lograr la abrogación del decreto, porque es ilegal e inviable".

En el Hospital de Clínicas de La Paz, médicos y enfermeras se enfrentaron con partidarios del Gobierno que les exigían volver al trabajo y que fueron echados por la fuerza del lugar.

Barrios negó que la huelga viole la Constitución, como afirma el Gobierno, y defendió su derecho a mantener la conquista laboral de 6 horas diarias de trabajo, que data de 1970.

Arguyó que más horas de trabajo no mejoran la atención en salud, que a su juicio requiere más y mejores hospitales, porque los de Bolivia son de la mitad del siglo XX, cuando el país tenía la mitad de sus actuales 10 millones de habitantes.

El presidente del Colegio Médico agregó que mientras Bolivia gasta en salud anualmente 87 dólares por habitante, en el vecino Chile la cifra es diez veces mayor.

Según Barrios, la huelga tiene el respaldo de 25.000 médicos, más otros tantos especialistas en salud, que sin embargo mantienen los servicios de urgencias.

El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, tachó de "criminal" la huelga y amenazó con declararla ilegal, como hizo con anteriores paros de los médicos de 24 y 48 horas, mientras otras autoridades reclaman la intervención de la Fiscalía.

La protesta médica precede a una huelga general convocada para este miércoles por la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país, contra el aumento salarial del 7 % decidido por Morales para 2012, que califica de insuficiente.

La COB pide que el Gobierno tome en cuenta la "canasta familiar básica", que cuesta 1.192 dólares mensuales, igual a diez salarios mínimos, según los sindicatos.

El sueldo mínimo en Bolivia es de 117 dólares mensuales y el salario medio de 546, según cifras de 2011

Además, hay anuncios de protestas en el sur del país, por una disputa regional sobre los derechos de un campo de gas natural que gestiona la española Repsol, y movilizaciones de sindicatos de choferes, que piden aumentar las tarifas del transporte, y de asociaciones de vecinos que se oponen a ello.

Pero la mayor protesta comenzará el 25 de abril, con una nueva marcha hacia La Paz de indígenas amazónicos que defienden el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) de la construcción de una carretera financiada por Brasil.

El dirigente indígena Fernando Vargas ratificó hoy esa marcha, pese a que Morales anunció la anulación del contrato con la empresa brasileña OAS, con el argumento de que la constructora incumplió plazos de trabajo.

Vargas dijo que "el presidente miente y lo que busca es frenar la movilización" y "distraer al pueblo".

El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, dijo a Efe que el anuncio de Morales "no es una garantía" porque puede contratar a otra empresa para continuar las obras.

Líderes sindicales acusan a Morales, presidente de asociaciones de cultivadores de coca, materia prima para fabricar cocaína, de "judicializar" las protestas, olvidando que él mismo promovió bloqueos y huelgas contra anteriores Gobiernos.

El Fiscal General, Mario Uribe, dijo que la Constitución establece que los servicios de salud no puede ser interrumpidos, y que los médicos serán investigados por incumplir sus deberes, dejar sus cargos e incitar al abandono colectivo del trabajo.

"No se está penalizando la huelga, lo que se va a investigar es si se ha interrumpido un servicio de salud, que ya está previsto como delito en el código penal", justificó Uribe, y aseguró que actúa de oficio, no por orden de Morales.

Sin embargo, el líder de los diputados del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Galo Bonifaz, declaró a Efe que solicitó la intervención de la Fiscalía contra la huelga médica, porque es un acto de "sedición", y ministros y otros dirigentes oficiales lo vienen reclamando hace días.

Bonifaz añadió que los médicos tienen derecho a sus reivindicaciones, pero demandó que primero "agoten el diálogo", porque "no se puede jugar con la salud de los bolivianos".

EFE