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por Redacción RPP
·Afirman que el ´problema de fondo´ que motivó el conflicto interno en el Perú aún persiste, como la pobreza, la exclusión social y la marginación.
Las heridas dejadas por dos décadas de terrorismo aún escuecen en Perú, donde persisten las razones que motivaron el conflicto, como la pobreza y la exclusión social, aunque se ha procesado a varios responsables de la lucha antisubversiva, entre ellos el ex presidente Alberto Fujimori.
El historiador y analista peruano Nelson Manrique dijo hoy a Efe que el "problema de fondo" es que las razones que motivaron el conflicto interno no han cambiado "porque persiste la pobreza, la exclusión y la marginación de un enorme sector de la población".
A pesar de que Perú logró un 9,8 por ciento de crecimiento económico en 2008 y se ha bajado la tasa de pobreza a un 40 por ciento, "la desigualdad económica se ha profundizado y se mantiene el sentimiento de que se vive una democracia precaria", agregó Manrique, que recordó que aún no se ha indemnizado a las víctimas del conflicto (1980-2000).
Otro elemento importante es la existencia de los llamados "remanentes" de Sendero Luminoso, aquellos que desconocieron el alto al fuego ordenado por el líder de este grupo terrorista Abimael Guzmán tras su captura en 1992 y ahora atacan constantemente en emboscadas mortales a las fuerzas del orden en las zonas de producción de hoja de coca y cocaína en Perú.
A esto se suma las pretensiones de allegados a Sendero de conformar un movimiento político de cara a los próximos comicios para promover una amnistía para los que ellos llaman "presos políticos".
Los años del terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) significaron la polarización del país y una constante tensión, terror y desconfianza en medio de múltiples atentados con coches bomba, derribos de torres de electricidad, secuestros, asesinatos, emboscadas y paros armados.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó en 2003 que el conflicto interno se saldó con 69.280 muertos y atribuyó el 54 por ciento de las víctimas a Sendero y cerca de un tercio a "agentes del Estado" (policías y militares).
Por eso, la creación de un Museo de la Memoria, dedicado a las víctimas del conflicto interno, ha sido criticado duramente por los militares, encabezados por el primer vicepresidente peruano y vicealmirante retirado Luis Giampietri, el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, y seguidores de Fujimori.
Los detractores del Museo argumentan que no se reconoce el papel de las fuerzas del orden en su lucha contra el terrorismo y acusan al informe de la CVR de equiparar el daño causado por los subversivos y el atribuible al Estado.
Al otro lado de la orilla del debate están las víctimas de las diversas matanzas cometidas por las fuerzas del orden (entre ellos pobladores campesinos y procesados por terrorismo) y organizaciones de defensa de los derechos humanos, que reclaman justicia y reparación por los daños.
El año 2009 ha sido crucial para Perú, ya que el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado en abril pasado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) y dos secuestros, cometidos por el escuadrón militar encubierto "Colina", creado para luchar contra el terrorismo.
A Fujimori sólo se le juzga por dos matanzas, pero otros casos de violaciones a los derechos humanos durante los años del terrorismo cometidos durante tres gobiernos (Fernando Belaúnde, Alan García y Fujimori) se encuentran en fueros internacionales
Las fuerzas del orden también cometieron excesos como en las matanzas de Putis (1984) y Cayara (1988), las desapariciones y torturas en el cuartel Los Cabitos (1983-1985) y las ejecuciones extrajudiciales en el penal de El Frontón (1986), un caso especialmente sensible por la presunta implicación del actual vicepresidente, Luis Giampietri.
Entre los crímenes más emblemáticos cometidos por los senderistas se cuentan la matanza de 69 campesinos en Lucanamarca (1983), el atentado en 1992 de la calle Tarata, en el barrio de Miraflores, donde se construirá el museo, o el asesinato de María Elena Moyano (1992), una dirigente popular designada héroe nacional. EFE
El historiador y analista peruano Nelson Manrique dijo hoy a Efe que el "problema de fondo" es que las razones que motivaron el conflicto interno no han cambiado "porque persiste la pobreza, la exclusión y la marginación de un enorme sector de la población".
A pesar de que Perú logró un 9,8 por ciento de crecimiento económico en 2008 y se ha bajado la tasa de pobreza a un 40 por ciento, "la desigualdad económica se ha profundizado y se mantiene el sentimiento de que se vive una democracia precaria", agregó Manrique, que recordó que aún no se ha indemnizado a las víctimas del conflicto (1980-2000).
Otro elemento importante es la existencia de los llamados "remanentes" de Sendero Luminoso, aquellos que desconocieron el alto al fuego ordenado por el líder de este grupo terrorista Abimael Guzmán tras su captura en 1992 y ahora atacan constantemente en emboscadas mortales a las fuerzas del orden en las zonas de producción de hoja de coca y cocaína en Perú.
A esto se suma las pretensiones de allegados a Sendero de conformar un movimiento político de cara a los próximos comicios para promover una amnistía para los que ellos llaman "presos políticos".
Los años del terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) significaron la polarización del país y una constante tensión, terror y desconfianza en medio de múltiples atentados con coches bomba, derribos de torres de electricidad, secuestros, asesinatos, emboscadas y paros armados.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó en 2003 que el conflicto interno se saldó con 69.280 muertos y atribuyó el 54 por ciento de las víctimas a Sendero y cerca de un tercio a "agentes del Estado" (policías y militares).
Por eso, la creación de un Museo de la Memoria, dedicado a las víctimas del conflicto interno, ha sido criticado duramente por los militares, encabezados por el primer vicepresidente peruano y vicealmirante retirado Luis Giampietri, el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, y seguidores de Fujimori.
Los detractores del Museo argumentan que no se reconoce el papel de las fuerzas del orden en su lucha contra el terrorismo y acusan al informe de la CVR de equiparar el daño causado por los subversivos y el atribuible al Estado.
Al otro lado de la orilla del debate están las víctimas de las diversas matanzas cometidas por las fuerzas del orden (entre ellos pobladores campesinos y procesados por terrorismo) y organizaciones de defensa de los derechos humanos, que reclaman justicia y reparación por los daños.
El año 2009 ha sido crucial para Perú, ya que el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado en abril pasado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) y dos secuestros, cometidos por el escuadrón militar encubierto "Colina", creado para luchar contra el terrorismo.
A Fujimori sólo se le juzga por dos matanzas, pero otros casos de violaciones a los derechos humanos durante los años del terrorismo cometidos durante tres gobiernos (Fernando Belaúnde, Alan García y Fujimori) se encuentran en fueros internacionales
Las fuerzas del orden también cometieron excesos como en las matanzas de Putis (1984) y Cayara (1988), las desapariciones y torturas en el cuartel Los Cabitos (1983-1985) y las ejecuciones extrajudiciales en el penal de El Frontón (1986), un caso especialmente sensible por la presunta implicación del actual vicepresidente, Luis Giampietri.
Entre los crímenes más emblemáticos cometidos por los senderistas se cuentan la matanza de 69 campesinos en Lucanamarca (1983), el atentado en 1992 de la calle Tarata, en el barrio de Miraflores, donde se construirá el museo, o el asesinato de María Elena Moyano (1992), una dirigente popular designada héroe nacional. EFE
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