El Poder Ejecutivo dispuso que se realice este simulacro los días 23, 24 y 25 de noviembre en determinados ámbitos geográficos de Lima Metropolitana y el Callao.
Un simulacro de sismo y tsunami se realizará los días 23, 24 y 25 de noviembre en determinados ámbitos geográficos de Lima Metropolitana y el Callao, según dispuso el Poder Ejecutivo, a fin de poner en práctica las medidas preventivas ante un siniestro.
El ensayo preventivo abarcará en el primer día la simulación de toma de decisiones cuando se evidencien circunstancias que materialicen aspectos críticos de la planificación y acciones desde un centro de información con las herramientas para soportar un sismo de magnitud, según una resolución publicada hoy en el diario El Peruano.
La idea es concentrar a partir de las 10.00 horas de ese día la información de todos los sectores afectados, así como reunir, en la crisis generada, a las autoridades respectivas, con el de asesorar a las autoridades del sistema preventivo en el ámbito de su competencia.
En tanto, el 24 de noviembre será el día central del simulacro de sismo y tsunami para el Callao y la Costa Verde de la Bahía de Lima en horas de la mañana, y la simulación preventiva para el Centro Histórico de Lima, el Rímac y Villa María del Triunfo en horas de la tarde.
Con ello se busca materializar la evacuación efectiva de las localidades más vulnerables predeterminadas hacia los lugares seguros o zonas de refugio.
Asimismo, la norma señala que, finalmente, el 25 de noviembre se efectuará el simulacro de incidentes en lugares puntuales, así como las acciones de búsqueda y rescate, manejo de incidentes con materiales peligrosos, amagos de incendios y otros.
Se dispone, además, que los gobiernos locales y regionales de Lima y Callao involucrados ejercitarán las capacidades de respuesta y articulación, expresadas en sus planes de operaciones correspondientes.
La disposición, que lleva la firma del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), José Antonio Chang Escobedo, indica que este simulacro es de carácter obligatorio en todas las instancias del Estado y también compromete a las organizaciones del sector privado.
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