Trece muertes que exigen explicaciones, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Una lista de muertos no es un asunto de cifras. Los jóvenes que fallecieron en Los Olivos en el curso de una fiesta clandestina estaban en la flor de la existencia y cedieron a un impulso natural de su edad, aunque explícitamente prohibido bajo estado de emergencia. Con la desaparición de cada uno de ellos fracasa un proyecto de vida y una familia queda enlutada. El presidente de la República ha expresado su indignación contra los que lucran organizando fiestas que violan la regla sanitaria más elemental: evitar las aglomeraciones. El congresista Daniel Urresti ha convocado para hoy a una sesión de la Comisión de Defensa y Orden Interno, ante la que declararán el ministro del Interior y el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo. Urresti conoce bien Los Olivos puesto que trabajó en ese distrito como responsable de Fiscalización. En esa calidad denunció en septiembre pasado al regidor Javier Sulca por intento de soborno a un agente municipal. Sulca es una de las primeras autoridades de Los Olivos que ha hecho declaraciones, afirmando que era conocido que el local de la tragedia venía realizando fiestas clandestinas. Necesitamos la máxima objetividad para establecer la verdad de la cadena de negligencias y eventuales corrupciones que causaron la muerte de trece jóvenes. Se trata de una exigencia penal, pero también de un caso emblemático de los disfuncionamientos que nos han llevado a figurar entre los países con más víctimas de la pandemia. Se dice que más de la mitad de los jóvenes detenidos dio positivo al test de coronavirus, de manera que la fiesta multiplicaría el numero de infectados. Corresponderá al ministro del Interior explicar a qué hora se decidió la intervención de la policía, cuál era su plan de acción y por qué no se pudo evitar que terminara como un fiasco. La tragedia de Los Olivos ha servido también para que algunos pretendan hacer política disfrazada de sentimientos compasivos y argumentos jurídicos. Ya hemos visto que personalidades ligadas al movimiento de Antauro Humala quieren procesar al Jefe de Estado por “genocidio”. Ahora hay quien lo considera responsable mediato de las muertes de Los Olivos.

El Ministerio Público tiene que actuar con celeridad e independencia. Pero desde ya sabemos que los países en los que la pandemia se ha politizado son los que han mostrado menos eficacia para hacer frente a los desafíos principales: vencer al coronavirus, restablecer la confianza en las autoridades, reactivar nuestra economía. La política debe hacerse con propuestas y no con persecuciones. Desdichadamente una buena parte de la población no percibe una estrategia integral eficaz y se halla desconcertada por la persistencia, si no el aumento, de malas cifras epidemiológicas. En estas condiciones nos acercamos a la campaña electoral. Necesitamos que los partidos y las personalidades independientes no se limiten a criticar, sino que hagan propuestas, cada uno según su visión del país y su experiencia del mundo. Por ahora lo que prevalece es el silencio.

¿Cuál es el esfuerzo de los partidos para contribuir a mejorar o cambiar lo que viene haciendo el gobierno? Un artículo del economista Piero Ghezzi se propone ir a la raíz de nuestra vulnerabilidad económica y social: la informalidad. En nombre de la Asociación Hacer Perú, el ex ministro de la Producción afirmaba en Gestión la víspera de la tragedia de Los Olivos que la informalidad ha sido aumentada por la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla. Ghezzi compara el caso peruano con el de Brasil y la India y hace propuestas sobre el financiamiento, la asistencia técnica, las compras públicas y la simplificación administrativa. Su artículo concluye con exigencias dirigidas al Estado, a las grandes empresas y a las MYPE. Y remata con una frase que hoy es más pertinente que nunca: “La miopía colectiva nos ha pasado una enorme factura”.

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