Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, saludó el fallo de la Corte Suprema que ratificó la sentencia que le otorga el derecho a una muerte digna a la activista Ana Estrada; sin embargo, cuestionó el pedido de un vocal.
El abogado Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, saludó el fallo de la Corte Suprema que ratificó la sentencia que le otorga el derecho a una muerte digna a la activista Ana Estrada, al considerar que “lo que se ha reconocido es justamente que el derecho a la muerte en condiciones dignas es parte de la dignidad del ser humano”.
“La dignidad, que es el fundamento y sostén de nuestro Estado, se ejerce también cuando la persona tiene la posibilidad de decidir en qué momento desea poner fin a sus días, al considerar que su situación afecta gravemente su dignidad”, manifestó en Ampliación de Noticias.
“Esta innovación es nueva para el derecho peruano, no así para el nivel internacional, donde ya se ha reconocido el derecho a la muerte en condiciones dignas en España, en algunos estados de Estados Unidos, en Italia, en Argentina, en Colombia”, agregó.
El abogado indicó que, con esta sentencia, se introduce “una valoración nueva al derecho”, al reconocer que la muerte en condiciones dignas “es parte de este contenido a la dignidad que se expresa cuando la persona también puede decidir cuándo desea terminar su vida”.
Sobre el protocolo
Percy Castillo detalló que la sentencia de la Corte Suprema está dividida en dos partes; una primera que reconoce el derecho a la muerte digna, un derecho que “ya se ganó de forma definitiva” y es “inapelable”, según el abogado.
Y la segunda parte es la procedimental, en la que -sostuvo- hay un consenso de tres jueces que señalan que el protocolo para la ejecución de la sentencia debe ser técnico “y debe ser elaborado por el Ministerio de Salud y por EsSalud”.
Sin embargo, Percy Castillo advirtió que un vocal ha planteado que dentro del protocolo se incluyan algunas condiciones, como la intervención de representantes de iglesias que está en contra de la eutanasia, que -sostuvo- “a juicio de la Defensoría son inaceptables”.
“Este vocal plantea, por ejemplo, que participen iglesias, que Ana (Estrada) obligatoriamente escuche a representantes de iglesias que estén en contra de la eutanasia”, comentó.
“El protocolo tiene que ser eminentemente técnico, debe ser hecho por el Ministerio de Salud, por EsSalud, respetando criterios y estándares técnicos que ya existen en otros países y que hagan posible que Ana ejecute su libertad, su deseo, cuando lo considere”, sentenció.
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