El sistema de vigilancia electrónica procede para condenados o procesados a penas no mayores de ocho años de prisión.
Representantes del Poder Judicial y de diversas instituciones del sistema nacional de justicia, con la cooperación de la Cruz Roja Internacional, se reunieron para coordinar la adopción de medidas contra el hacinamiento en los penales del Perú, entre ellas el uso de los grilletes electrónicos para procesados y condenados con penas no mayores de 8 años.
En la reunión, efectuada en el Palacio de Justicia, se indicó que dichos dispositivos de vigilancia electrónica personal se utilizarían tanto para sentenciados como para procesados, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 29499 y su modificatoria por Decreto Legislativo 1229.
Los representantes de ProInversión informaron sobre los avances de este proyecto a los delegados del Comité Permanente para el seguimiento de las recomendaciones del documento “Medidas de emergencia ante la crisis generada por el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios”.
Ricardo Brousset Salas, presidente de la Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial, manifestó que la vigilancia electrónica personal representa una alternativa para resolver el problema del hacinamiento en los penales.
Igualmente, Saúl Peña Farfán, juez superior y también representante del Poder Judicial ante dicho Comité, consideró que la aplicación del grillete electrónico impactará positivamente a favor de las instituciones involucradas, pues permitirá una mejora en el uso de recursos humanos y económicos.
De acuerdo con las normas, el sistema de vigilancia electrónica procede para condenados a penas no mayores de ocho años de prisión o procesados con imputaciones de delitos cuyas penas no sean mayores a ocho años de cárcel.
Su aplicación está prevista inicialmente para reos primarios de los distritos judiciales de Lima y Callao, los cuales abarcan diez penales, entre ellos de Lurigancho, Castro Castro, Ancón y el de mujeres de Chorrillos.
En la cita también participaron el defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna; el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Julio Magán Zevallos; la jefa regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Silvana Mutti; entre otras autoridades.
Se informó en la reunión que hasta junio de este año, los diez penales de Lima y Callao albergaban a una población de 22,121 internos, de los cuales 8,663 (39.2%) están sentenciados, mientras 13,458 (60.8%) están siendo procesados.
ANDINA
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