Familia pide que no se archive denuncia de estafa a docente universitaria por casi 700 mil soles

El 25 de mayo de este año, la docente universitaria Nilda Becerra Flores recibió una llamada al teléfono fijo de su domicilio de parte de un supuesto funcionario administrativo de la casa de estudios superiores en la que trabaja, quien le informó de un bono económico pendiente de cobrar ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Fue el inicio de una pesadilla de la que aún no despierta.

Esa llamada llevó a más comunicaciones con anexos telefónicos de otros supuestos funcionarios, quienes la fueron enredando en un entramado de trámites y depósitos bancarios que, 17 días después, la terminaron de despojar de 693,125.85 soles, los ahorros de su vida, acumulados en 40 años de docencia universitaria.

El último 11 de junio, tras hacer dos últimos depósitos, la catedrática de 71 años, aceptó que había sido víctima de una estafa y acompañada por su familia presentó la denuncia ante la Dirincri. Ese mismo día la Policía identificó a las dos personas receptoras de los últimos depósitos y fueron a sus viviendas con el propósito de capturarlas en flagrancia. No fueron ubicadas y 24 horas después, el caso fue derivado al Ministerio Público como corresponde por ley.

El curso de la denuncia en fiscalía

La denuncia fue ingresada por la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones (Divieod) de la Policía a la Mesa Única de Partes Lima Centro 1 de la Fiscalía el mismo fin de semana de la denuncia, y el último 16 de julio, transcurridos 35 días sin saber nada de su caso, la víctima recibió la notificación de que su carpeta había sido derivada a otra fiscalía. Este lunes 9 de agosto, Becerra Flores recibió una nueva notificación: la primera fiscalía penal corporativa Magdalena del Mar - San Miguel - Pueblo Libre, declaraba el archivo liminar de su denuncia.

Un archivo liminar se da cuando la fiscalía considera que el caso no tiene relevancia penal o no existen sospechas de criminalidad.

El fiscal a cargo del caso, Rolando Arcemio Paredes Mercado, argumenta en su resolución, que los hechos denunciados "recaerían en una imprudencia de la propia víctima" debido a que realizó depósitos de dinero por "indicación de las personas que le llamaron" "sin ningún tipo de garantía".

"Además, se debe tener presente conforme a la denuncia efectuada, ninguna persona obligó a la denunciante a realizar estos depósitos de dinero, en otras palabras, en el presente caso existe una autopuesta en peligro de la propia víctima, por lo que debe asumir las consecuencias de la asunción de su propio riesgo, conforme a la moderna teoría de la imputación objetiva", dice el documento fiscal.

Asimismo, señala que, aunque la denunciante indica que realizó depósitos de dinero a diferentes cuentas bancarias, no adjuntó los vauchers que lo demuestren. Esta última afirmación es negada por la víctima y su familia, quienes aseguran que tales comprobantes con los nombres de los receptores se incluyeron en la denuncia.

El fiscal también aclara que su resolución no tiene calidad de "cosa juzgada" y abre la posibilidad de reiniciar la investigación si se suma nueva información de los hechos denunciados. 

Millones de soles y dólares en estafas

La Divieod dijo a RPP Noticias que su trabajo es investigar "estafas donde las personas voluntariamente entregan su dinero, cuando es sujeto de un engaño o (los estafadores) inducen al error a la víctima".

Además, indica que, en este tipo de casos, los delincuentes "hacen ingeniería social" recopilando información de las potenciales víctimas a través de bases de datos o posibles cómplices en entidades públicas y privadas.

La división policial, detalló que los estafadores usan un sistema denominado Voip, que permite realizar llamadas a través de internet y simular que estas se hacen a través de centrales telefónicas que incluyen anexos, lo que da una credibilidad que permite envolver en un círculo de confianza a las víctimas.

Los titulares de las cuentas receptoras son el último eslabón de redes criminales que -en algunos casos- operan desde el extranjero, precisa la unidad.

En lo que va del 2021, la Divieod ha recibido denuncias de estafas realizadas a través de llamadas, contactos en redes sociales o páginas de internet por los montos de 19' 950 557.55 soles y 4'554,072.44 dólares solo en Lima. Tras remitir las denuncias a fiscalía esta división espera el retorno de las carpetas para continuar con las investigaciones.

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