El Juzgado Superior de Investigación Preparatoria del Santa adoptó esta medida al tomar en cuenta diversos informes remitidos por las autoridades del penal de Challapalca, en los que se establece que el estado de salud de Rodolfo Orellana no lo ubica entre la población vulnerable al nuevo coronavirus.
Rodolfo Orellana continuará recluido en el penal de Challapalca, en Tacna, luego de que el Poder Judicial declaró infundado el pedido que hizo su defensa legal para que se disponga el cese de mandato del prisión preventiva de 24 meses que pesa en su contra, como parte del proceso penal que se le sigue por el presunto delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado.
El Juzgado Superior de Investigación Preparatoria del Santa desestimó la solicitud planteada para ser excarcelado por riesgo de contagio del nuevo coronavirus en este recinto penitenciario.
El fiscal superior adjunto Anticorrupción del Santa, Fredy Gutiérrez Crespo, presentó diversos informes remitidos por las autoridades del penal de Challapalca, donde se establece que el estado de salud de Rodolfo Orellana no lo ubica entre la población vulnerable al nuevo coronavirus.
Dichos documentos, sustentados en una audiencia virtual, certifican que el antecedente médico del imputado no representa gravedad, ya que se encuentra controlado y debidamente monitoreado; no presenta cuadro clínico de paciente sospechoso de la COVID-19, y que se encuentra en un ambiente personal bajo los protocolos y medidas de bioseguridad.
Asimismo, se mencionó que, según la Resolución Ministerial N.° 283-2020-MINSA, para ser considerado dentro del grupo de riesgo, no solo se debe tener un diagnóstico general, sino uno sobre la base de exámenes e informes médicos especializados que determine que la enfermedad es grave y no controlada.
La Fiscalia Superior Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa investiga a Rodolfo Orellana por un presunto pago de 25 000 dólares a 2 magistrados a cambio de emitir tres acciones de habeas corpus a favor de dos integrantes de su presunta organización criminal para que sean excluidas de los procesos penales en los que se encontraban comprendidas.
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