De no formalizarse la denuncia, procederán a formular una queja ante la Junta de Fiscales por la dilación de este proceso.
La procuradora pública del Ministerio de Defensa, Sara Farfán, pidió al Ministerio Público formalizar la denuncia contra los implicados en el robo de granadas en el Ejército Peruano, de lo contrario precisó que presentarán una queja ante la Junta de Fiscales por la dilación de este proceso.
"Desde el punto de vista procesal estamos agotando todos los medios para insistir en un pronunciamiento oportuno de la Fiscalía, que actúe de acuerdo a sus competencias y que teniendo el atestado policial proceda a la formalización de la denuncia", precisó a la Agencia Andina.
Sostuvo que si bien la fiscalía estaría por formalizar la denuncia, espera que esta medida se tome en el transcurso del día, debido a la preocupación que genera la demora de este caso y las dificultades que podría generar también la huelga de los trabajadores del Poder Judicial.
De no formalizarse la denuncia, refirió, procederá a formular una queja contra la titular de la Fiscalía Provincial de Chorrillo, María Luisa Silvera, por conducta irregular.
"Estamos presentando un escrito a la Fiscalía solicitando un pronunciamiento y en el transcurso del día estaremos presentando una queja ante el presidente de la Junta de Fiscales por el tiempo transcurrido, pues consideramos que un mes es un tiempo más que razonable para que haya revisado el atestado policial y se pronuncie", alegó.
Se justificaba orden de prisión
Consultado por el rechazo al pedido de prisión preventiva para los implicados en este caso, la procuradora pública dijo discrepar con esta decisión pues, a su juicio, la gravedad del delito y las pruebas encontradas justificaban que se dicte esta medida.
Sostuvo que la comunicación verbal que recibió frente a su pedido de prisión preventiva, fue que los implicados cumplieron con señalar su domicilio y asistieron a todas las diligencias.
"Recordemos que a las primeras diligencias no se presentaron, recién cuando se hizo público sus faltas acudieron a rendir declaraciones. Eso no garantiza que las investigaciones puedan seguir realizándose a nivel judicial. Nada garantiza que ellos se pongan a derecho", comentó.
Recordó que la procuraduría presentó dos pedidos de prisión preliminar contra los nueves implicados en el caso, el último de ellos el pasado 28 de octubre, cuando concluyó algunas investigaciones y se determinó responsabilidades.
Farfán, comentó que de momento el objetivo de las investigaciones, luego de que se formalice la denuncia, es ubicar el destino de las cerca de 786 granadas extraviadas y que presuntamente estarían en manos de delincuentes.
De igual forma, aseguró que insistirán en solicitar el pedido de prisión preventiva. En caso se insista en denegar el pedido, pedirán que se dicten las restricciones correspondientes para asegurar que los investigados no salgan del país y cumplan reglas de conducta.
Por último, manifestó que una vez iniciado el proceso judicial, la Procuraduría efectuarán el requerimiento de pena y la reparación civil correspondiente para los implicados.
Adelantó que la pena que debe recaer en los implicados es máxima: 15 años de prisión, "atendiendo la gravedad de los hechos" y la participación de los involucrados en el delito.
"El daño que se ha causado es muy grande, no sólo al prestigio la institución y a la confianza que las Fuerzas Armadas tratan de generar en la población, sino también a la seguridad de la ciudadanía", argumentó.
Por este caso son investigados el mayor del Ejército Luis Soldevilla Espinal, junto a los técnicos Carlos Nobecilla Infante y Paddy Llimpe Correa, además de los suboficiales Miguel Gómez Contreras, Eugenio Gómez Quispe, Sherley Zamudio Dávila, Carlos Ramos Camacho y Edgardo Parraguez Vásquez.
ANDINA
Comparte esta noticia