La policía antidisturbios arresta a un manifestante durante una protesta contra el gobierno en Santiago. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER TORRES

El gobierno de Chile lamentó este viernes el "elevado número" de denuncias de abusos policiales que recibió la oficina de la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, pero advirtió que se generaron en un "contexto" de violencia que envolvió a intensas protestas sociales.

"Queremos lamentar profundamente las denuncias recibidas por el equipo de la Alta Comisionada (...). Cada una de ellas está siendo investigada y será sancionada", dijo la subsecretaria de derechos humanos, Lorena Recabarren, en un mensaje en la casa de gobierno.

Recabarren respondió por el gobierno al reporte de la oficina de Bachelet, entregado este viernes en Ginebra, en el que se denunció un "elevado número de violaciones de derechos humanos" por la represión policial a las protestas.

"Estas violaciones incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias", señala el documento de 30 páginas que resume el trabajo del equipo que viajó a Chile para investigar la situación durante tres semanas de noviembre pasado.

Pero si bien el gobierno lamentó las denuncias, Recabarren dijo que era necesario "aclarar y precisar" afirmaciones y conclusiones que no están adecuadamente representadas en el informe, que contienen información errada o desactualizada.

Más de 300 manifestantes fueron alcanzados por perdigones policiales en los ojos. | Fuente: AFP

Veinte muertos y miles de heridos

También reclamó tener en cuenta el "contexto" de violencia que se vivió en Chile tras el inicio del estallido social.

"A partir del 18 de octubre, Chile vivió una situación imprevista e inédita de violencia, que se desarrolló en paralelo con expresiones ciudadanas pacíficas y legítimas en relación con demandas por una mayor justicia social", dijo Recabarren.

"Fue esa situación de violencia y no las manifestaciones pacíficas -como se ha pretendido hacer ver por algunos- la razón por la cual se decidió decretar el estado de excepción constitucional ese viernes" y que rigió por nueve días, agregó.

Por su parte, el canciller, Teodoro Ribera, destacó que "ni el informe de ACNUDH ni ningún otro calificaron los hechos registrados" en Chile "como violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos".

"Llegó el momento de implementar las recomendaciones que correspondan", agregó.

Las protestas sociales en Chile se saldan con una veintena de muertos y miles de heridos, entre ellos cerca de 300 con heridas oculares tras recibir perdigones o casquetes de bombas lacrimógenas disparados por la policía.

(AFP)

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