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por Redacción RPP
·"l país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad, temen.
Los asesinatos confesados por paramilitares colombianos en el marco de un plan para obtener beneficios judiciales ascienden ya a más de 30.000, según la Fiscalía, una cifra que coloca a estos grupos a la altura de las dictaduras latinoamericanas más crueles.
Según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, unos 4.112 ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en 20 años, entre mediados de los ochenta y su desmovilización a partir de 2003.
Esto coloca a los grupos paramilitares de Colombia, país que se precia de ser una de las democracias más antiguas de América Latina, a la altura de dictaduras como la de Argentina (1976-83), que dejó 30.000 muertos y desaparecidos y muy por encima de la del general Augusto Pinochet en Chile (1973-90), que provocó unas 3.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.
Las autoridades están verificando la información y hasta el momento han validado denuncias sobre 11.797 homicidios, explicó a la AFP una fuente del organismo.
Una ley promovida por el gobierno del presidente Alvaro Uribe fija una pena máxima de ocho años de prisión para los paramilitares que se sometieron a la justicia, confesaron sus crímenes y acepten reparar a sus víctimas.
La Fiscalía recibió declaraciones de los ex combatientes que dan cuenta de 1.085 masacres, 1.437 reclutamientos de menores, 2.520 desapariciones forzadas, 2.326 desplazamientos forzados y 1.642 extorsiones, además de 1.033 secuestros, según el informe.
"El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Según denuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra", según el analista Alvaro Villarraga.
"Estas confesiones constatan la crisis humanitaria generalizada que aún vive nuestro país a causa del conflicto", enfatizó Villarraga, ex miembro de la desmovilizada guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y quien dirige en la actualidad la Fundación Cultura Democrática.
A su turno, Eduardo Pizarro, presidente de la estatal Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) dijo a la AFP que si bien la cifra de víctimas es "alarmante", es "gracias a la política de desmovilización que se está llegando a la verdad".
"La cifra de homicidios es alta como también los avances de la ley de justicia y paz cuando uno ve indicadores como el número de versiones libres recibidas o el de crímenes confesados.
Colombia se hubiese gastado décadas en comprobar la responsabilidad en delitos que ahora confesaron", señaló.
Hasta diciembre, la Fiscalía verificó la existencia de 485 masacres -la muerte de cuatro o más personas en un mismo ataque-, 1.093 reclutamientos de menores, 1.412 desapariciones forzadas, 747 desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros.
La Ley de Justicia y Paz brinda beneficios jurídicos a los paramilitares de las AUC -enemigos acérrimos de la guerrilla- que se desmovilizaron en un proceso impulsado por el gobierno de Uribe, entre 2003 y 2006 a cambio de su desarme y confesión de los crímenes.
Unos 32.000 paramilitares dejaron las armas en ese proceso, incluidos sus jefes máximos, aunque organismos de derechos humanos han denunciado que una cifra indeterminada de mandos medios se marginaron de ese plan y actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico.
En particular, la organización no gubernamental Human Rights Watch denunció este febrero graves violaciones de derechos humanos por parte de grupos "herederos de los paramilitares" en Colombia y consideró que hubo "fraude" en su desmovilización.
En mayo de 2008 el gobierno de Uribe decidió extraditar hacia Estados Unidos a trece de los desmovilizados jefes de las AUC tras acusarlos de seguir actuando desde prisión, con delitos relacionados con el narcotráfico, y alegando que no estaban confesando sus crímenes.
Esas extradiciones han sido cuestionadas por grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas, pues los tratados no contemplan que esos jefes paramilitares continúen rindiendo declaraciones sobre los delitos de lesa humanidad sino que se limitan a los delitos de narcotráfico.
AFP
Según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, unos 4.112 ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en 20 años, entre mediados de los ochenta y su desmovilización a partir de 2003.
Esto coloca a los grupos paramilitares de Colombia, país que se precia de ser una de las democracias más antiguas de América Latina, a la altura de dictaduras como la de Argentina (1976-83), que dejó 30.000 muertos y desaparecidos y muy por encima de la del general Augusto Pinochet en Chile (1973-90), que provocó unas 3.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.
Las autoridades están verificando la información y hasta el momento han validado denuncias sobre 11.797 homicidios, explicó a la AFP una fuente del organismo.
Una ley promovida por el gobierno del presidente Alvaro Uribe fija una pena máxima de ocho años de prisión para los paramilitares que se sometieron a la justicia, confesaron sus crímenes y acepten reparar a sus víctimas.
La Fiscalía recibió declaraciones de los ex combatientes que dan cuenta de 1.085 masacres, 1.437 reclutamientos de menores, 2.520 desapariciones forzadas, 2.326 desplazamientos forzados y 1.642 extorsiones, además de 1.033 secuestros, según el informe.
"El país debe horrorizarse con la revelación de un número tan grande de asesinatos sistemáticos, pero lo triste es que ese aproximado puede estar por debajo de la realidad. Según denuncias que hemos podido recoger, las víctimas superan con creces esa cifra", según el analista Alvaro Villarraga.
"Estas confesiones constatan la crisis humanitaria generalizada que aún vive nuestro país a causa del conflicto", enfatizó Villarraga, ex miembro de la desmovilizada guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y quien dirige en la actualidad la Fundación Cultura Democrática.
A su turno, Eduardo Pizarro, presidente de la estatal Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) dijo a la AFP que si bien la cifra de víctimas es "alarmante", es "gracias a la política de desmovilización que se está llegando a la verdad".
"La cifra de homicidios es alta como también los avances de la ley de justicia y paz cuando uno ve indicadores como el número de versiones libres recibidas o el de crímenes confesados.
Colombia se hubiese gastado décadas en comprobar la responsabilidad en delitos que ahora confesaron", señaló.
Hasta diciembre, la Fiscalía verificó la existencia de 485 masacres -la muerte de cuatro o más personas en un mismo ataque-, 1.093 reclutamientos de menores, 1.412 desapariciones forzadas, 747 desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros.
La Ley de Justicia y Paz brinda beneficios jurídicos a los paramilitares de las AUC -enemigos acérrimos de la guerrilla- que se desmovilizaron en un proceso impulsado por el gobierno de Uribe, entre 2003 y 2006 a cambio de su desarme y confesión de los crímenes.
Unos 32.000 paramilitares dejaron las armas en ese proceso, incluidos sus jefes máximos, aunque organismos de derechos humanos han denunciado que una cifra indeterminada de mandos medios se marginaron de ese plan y actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico.
En particular, la organización no gubernamental Human Rights Watch denunció este febrero graves violaciones de derechos humanos por parte de grupos "herederos de los paramilitares" en Colombia y consideró que hubo "fraude" en su desmovilización.
En mayo de 2008 el gobierno de Uribe decidió extraditar hacia Estados Unidos a trece de los desmovilizados jefes de las AUC tras acusarlos de seguir actuando desde prisión, con delitos relacionados con el narcotráfico, y alegando que no estaban confesando sus crímenes.
Esas extradiciones han sido cuestionadas por grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas, pues los tratados no contemplan que esos jefes paramilitares continúen rindiendo declaraciones sobre los delitos de lesa humanidad sino que se limitan a los delitos de narcotráfico.
AFP
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