Inculpan a Lula da Silva y su esposa por corrupción y lavado de dinero

La Policía Federal brasileña presentó este viernes cargos por corrupción, lavado de dinero y falsificación contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en una causa sobre la adquisición de un departamento en la playa y una chacra de forma irregular con la colaboración de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la red que desvió millonarios recursos públicos de contratos con la petrolera estatal Petrobras.

También su esposa. La acusación se extiende a la esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva. La defensa de Lula repudió "vehementemente" esta nueva denuncia y afirmando que el inmueble "no es y jamás fue de Lula o sus familiares", sino de la constructora. La Policía Federal también presentó cargos en el mismo proceso contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el presidente y un importante ejecutivo, respectivamente, de OAS. 

Momento dificil. Copias de la acusación formal de la Policía Federal contra Lula fueron publicadas por diferentes medios locales en momentos en que el país está concentrado en la fase final del juicio político destituyente que el Senado abrió contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, su sucesora y ahijada política.

El departamento. Se trata de la primera acusación formal contra Lula en las tres causas en que es investigado por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción enquistada en Petrobras. La investigación se refiere a un departamento de tres pisos en Guarujá, un balneario en el litoral del estado de Sao Paulo, por el que Lula pagó una cuota inicial. Los abogados de Lula alegan que el expresidente desistió del negocio y pidió que le devolvieron el dinero, por lo que no se le puede atribuir la propiedad del inmueble.

Visitas sospechosas. El apartamento fue sometido a costosas reformas costeadas por la OAS y la Policía ha divulgado pruebas que muestran a Lula o a su mujer visitando la vivienda en compañía de los ingenieros responsables por las obras. Las pruebas presentadas por la Policía Federal tendrán que ser analizadas ahora por la Fiscalía, que tiene un plazo de 90 días para decidir si le pide o no a la Justicia que abra un proceso contra Lula y los otros acusados.