Tal como ocurre con los problemas personales de salud, las enfermedades colectivas tienen tendencia a acaparar enteramente la atención y reducir todos los aspectos de la vida a la recuperación del bienestar perdido.
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Con las enfermedades colectivas (las epidemias) pasa lo mismo que con los problemas personales de salud: tienen tendencia a acaparar enteramente la atención y reducir todos los aspectos de la vida a la recuperación del bienestar perdido. En la vida de las personas la experiencia de una enfermedad puede generar transformaciones positivas y reforzar el principio de base del entusiasmo y la motivación: el amor a la vida, la conciencia de su precariedad, la necesidad de aprovechar el tiempo fugaz que nos ha sido impartido. De la misma manera debemos aprender a vivir mejor en el país que es el nuestro, como otros cien países del mundo intentan hacerlo, cada uno a su manera, con sus recursos y dificultades. Israel por ejemplo ha decidido imponer aislamiento de 14 días a todos los que lleguen a su territorio, nacionales o extranjeros. Francia anuncia que su ministro de Cultura ha sido infectado por el coronavirus. Italia extiende a todo su territorio la cuarentena que regía en el Norte. La comunidad musulmana china refugiada en Turquía teme que Pekín aproveche para favorecer la desaparición de miles de miembros de la etnia uigur, detenidos en campos de concentración. El presidente chino Xi Jiping visita Wuhan, cuna de la epidemia. En Nueva York se desploma la bolsa, mientras que la agudización de las tensiones entre Rusia y Arabia Saudita hacen bajar el precio del barril de petróleo bajo la valla de los cuarenta dólares.
En el Perú fingimos sorprendernos de que dos millones de hogares carecen de agua potable, que numerosas infraestructuras escolares se hallen en pésimo estado y que algunos servicios higiénicos de hospitales públicos no ofrezcan higiene, agua y jabón. Esas tres carencias son fruto de la negligencia y de la corrupción. En el capítulo de taras sociales que aparecen con toda su crudeza debemos anotar también el elevado porcentaje de llamadas al número especializado de atención sanitaria, 113, que responden al deseo irresponsable de divertirse a costa del trabajo de algunos y la salud de muchos. Pese a todo, hemos sabido resistir, por lo menos hasta ahora, al germen de la división y a la tendencia a atribuir a los adversarios políticos todos los males que nos abaten. Por eso ha sido positivo el llamamiento del Director General de la Organización Mundial de la Salud, el médico etíope Tedros Adhanon, quien ha sostenido que crece el riesgo de que más de cien mil infectados en cien países constituyan una verdadera pandemia, pero que podría ser la primera vez que una pandemia logra ser controlada. Adhanon elogió las medidas agresivas adoptadas en Italia y destacó que China haya reducido la expansión del virus y la tasa de mortalidad.
La gravedad de la situación sanitaria no tiene porqué impedir el debate público, en momentos en que se acerca la inminente instalación del nuevo Congreso. Pero parece particularmente desatinado introducir en las actuales circunstancias un debate sobre la pena de muerte. Una vez más, declaraciones desafortunadas del presidente Vizcarra han dado pie a que se levante un tema que ha sido manipulado por demagogos de todas las tendencias, desde que la pena de muerte quedara abolida en nuestro país en 1980, meses después de la triste ejecución del último condenado. Recordemos que entretanto la Iglesia Católica cesó de aprobar la pena de muerte y la retiró del catecismo bajo la autoridad del muy ortodoxo Juan Pablo II, quien había sido testigo de abusos justicieros en su Polonia natal. El Defensor del Pueblo ha hecho bien en reaccionar con rapidez y claridad para afirmar que la pena de muerte no es “una medida adecuada para combatir la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”. Walter Gutiérrez hace notar que retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos significaría fragilizar la protección de otros derechos, como saben bien los que han presentado recursos contra sentencias injustas en sede nacional.
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