| Fuente: Andina

A 10 años del conocido ‘Baguazo’, y fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, Amnistía Internacional advirtió que en Perú, defender el territorio y el medio ambiente sigue siendo un riesgo para la vida de muchas personas, quienes continúan desprotegidas frente a actos de hostigamiento, estigmatización, criminalización y violencia física.

El 5 de junio de 2009, tuvo lugar uno de los conflictos socioambientales más graves de las últimas décadas en Perú, que cobró la vida de 33 personas (23 policías y 10 civiles), dejó cientos de personas heridas y graves violaciones de los derechos humanos. Las poblaciones indígenas, en su mayoría wampis y awajún, protestaron y pidieron por varios días la derogación de un grupo de decretos legislativos promulgados sin ningún mecanismo de consulta, que afectaban directamente sus territorios. Luego de 10 años, el Estado aún no cumple con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a las víctimas y sus familiares.

“Los trágicos hechos ocurridos en Bagua no deben ser olvidados. Lamentablemente, varias de las condiciones que generaron ese sangriento episodio no han cambiado. Todavía estamos en una situación en la que la falta de respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, genera que sean excluidos de decisiones que afectan sus vidas”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.

Amnistía Internacional reconoce los avances del Estado peruano al firmar en setiembre de 2018 el Acuerdo de Escazú, que comprende la protección de los defensores ambientales, entre los que destacan los pueblos indígenas. Sin embargo, espera su pronta ratificación por parte del Congreso de la Republica y su aplicación concreta para asegurar el acceso a la justicia y a la información de quienes defienden el medio ambiente.

La organización formula las siguientes recomendaciones al Estado peruano, para garantizar la seguridad de las personas defensoras del medio ambiente, y en general, de los derechos humanos:

 - Establecer un Mecanismo Nacional de Protección Integral de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, luego de aprobarse el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos en abril de este año.

- Implementar un Registro de Denuncias e Incidencias sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos, y elaborar un reporte sobre situaciones de riesgo, que permita conocer los patrones de ataques.

- Ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), en el Congreso de la República, y avanzar en su implementación.