Asociación de consumidores: Desabastecimiento de pasaportes revela un "vacío" legal

Esta semana, miles de peruanos se vieron afectados por la falta de expedición de pasaportes por parte de Migraciones, haciéndolos perder tiempo, dinero y sus vuelos al extranjero.

Al respecto, el abogado Paul Castro, presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú (CONACUP), habló de la crisis documentaria que atraviesa el país, la cual genera daños al ciudadano de a pie. 

"El Estado tiene la obligación, porque así lo manda la Constitución, de brindar los servicios esenciales. En el caso especifico de los brevetes, los pasaportes, hay una especie de monopolio legal que tiene el Estado que tiene la obligación de cumplir con este tipo de servicios", apuntó en entrevista para RPP Noticias.

"Cuando el Estado no cumple con esta función estamos ante un problema de crisis, que tiene que ser atendido de manera urgente porque esto genera muchos costos y mucho daño al consumidor, al ciudadano", agregó. 

Vacío legal 

Lamentablemente, explicó Castro, en el Perú no existe y código de protección y defensa del ciudadano ante los servicios esenciales que el Estado está en la obligación de brindar a todos los peruanos.

"Cuando el ciudadano consumidor tiene un problema con un servicio o producto frente a la empresa privada, existe un código de protección y defensa del consumidor, donde pueden ejercer sus reclamos. En el caso de los servicios esenciales dados por el Estado, desafortunadamente, el ciudadano no tiene un código de protección y defensa del consumidor", apuntó.

"Esta crisis lo que está haciendo es evidenciar que existe un vacío y el ciudadano se encuentra con el obstáculo de ejercer un derecho constitucional, como el libre tránsito. Cuando el Estado falla y no cumple con su función, nos vemos desprotegidos", aseveró.

Respecto a la opción de presentar una demanda por daños y perjuicios contra el Estado, el letrado sostuvo que "pedir una indemnización al Estado es una batalla legal tan gigante que el costo-beneficio de presentarla no justificaría". 

De otro lado, indicó que existen responsabilidades funcionales, por lo que la Contraloría de la República podría iniciar una investigación.