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Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la Autoridad de Transporte Urbano

María Jara, presidenta del consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao.
María Jara, presidenta del consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao. | Fuente: Andina

La Fiscalía Anticorrupción ingresó esta mañana a la sede de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para recabar la documentación e información necesaria para investigar dos presuntos hechos delictivos.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Lima Centro abrió una investigación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en diversos procesos de contratación en la actual gestión de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que preside actualmente María Esperanza Jara.

Un equipo de fiscales liderado por Marco Huamán Muñoz ingresó esta mañana a dicha entidad para recabar la documentación e información necesaria para investigar dos presuntos hechos delictivos denunciados por la prensa.

El primero caso está relacionado con el presunto favorecimiento que la alta funcionaria de la ATU habría cometido al aprobar y dar conformidad para la contratación de la empresa Valkiria Consultores, conformada por sus presuntos amigos Héctor Elbert Rubio Guerrero, Luis Fernando Vilela García y Luis Jesús Canessa Calderón.

Por este hecho, el Ministerio Público inició una investigación contra todos ellos por el presunto delito de colusión. Asimismo, se dejó establecido que dicha calificación jurídica inicial es provisional y está sujeta a la confirmación o variaciones que pudiera arrojar la indagación preliminar.

En el segundo caso se investiga una probable sobrevaloración en dos contrataciones directas para la compra de 20 mil adhesivos y pintado de 10 mil círculos de señalización para el distanciamiento social en los paraderos de los corredores y el Metro de Lima y Callao.

Al respecto, la Fiscalía indagará a los resulten responsables del presunto delito de colusión. En los dos casos, se ha establecido que las diligencias preliminares, mediante el uso de medios electrónicos, se realice en sede policial de la Dirección Contra la Corrupción por el plazo de 90 días.

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