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Columnista invitada | Verdades y mentiras sobre el Acuerdo de Escazú y su impacto para nuestro país

La posibilidad de que se ratifique el Acuerdo de Escazú ha generado una intensa campaña de desinformación alrededor de este instrumento ambiental.

Por Carol Mora

Directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

En los últimos días ha estado circulando una fuerte corriente de desinformación sobre el Acuerdo de Escazú, precisamente ahora que su ratificación se encuentra pendiente por parte del Congreso de la República. Para contribuir a un debate informado, en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) elaboramos un informe sobre este Acuerdo que ha sido enviado oportunamente al Congreso. A continuación, presentaré un resumen de los principales puntos abordados. Empecemos con las verdades:

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

 El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es un instrumento regional ambiental y de derechos humanos considerado sin precedentes en América Latina, producto de cuatro años de negociación. A la fecha, ha sido firmado por 22 países y se ha ratificado en 9. Perú suscribió este Acuerdo en setiembre del 2018.

 

Es producto de un largo debate y consenso dentro del Estado

Antes de que llegue al Congreso para su ratificación, el Acuerdo tuvo un periodo de negociación de casi 4 años y el Perú mantuvo un rol proactivo y protagónico durante este proceso. Posteriormente ha sido revisado y contó con las opiniones favorables de 13 autoridades públicas, como los ministerios de Agricultura, Cultura, Energía y Minas, Justicia, Producción, Salud, Transportes y Comunicaciones, Ambiente; el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Presidencia del Consejo de Ministros y Defensoría del Pueblo, además del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que presentó al Congreso de la República el proyecto que recomienda la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Así, la construcción del Acuerdo ha sido un proceso abierto y transparente. Como vemos, no se trata de una imposición o una decisión precipitada.

El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional ambiental y de derechos humanos considerado sin precedentes en América Latina.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional ambiental y de derechos humanos considerado sin precedentes en América Latina. | Fuente: SPDA

¿En qué ideas se basa el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú nace de considerar que la mejor manera de tratar cuestiones ambientales es con la participación de toda la ciudadanía interesada, desde el acceso a la información y a la justicia ambiental, ideas recogidas en el principio 10 de la Declaración de Río. Desarrolla, además, cuatro ejes temáticos: el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho de acceso a la participación pública, el derecho de acceso a la justicia ambiental y defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Otras ideas de fondo del Acuerdo son la construcción de una sólida democracia ambiental, la transparencia, la rendición de cuentas, la toma de decisiones participativa e inclusiva y la defensa de los derechos ambientales. Además, se basa en el derecho a contar con un ambiente sano y equilibrado. Son conceptos que vinculan los derechos humanos y el medio ambiente. El alcance y los efectos del Acuerdo de Escazú son abiertamente compatibles con los desafíos OCDE del Estado peruano y nuestras aspiraciones en materia de desarrollo económica.

Veamos ahora tres mentiras sobre el Acuerdo de Escazú que se han mencionado de forma irresponsable:

Atenta contra la soberanía del territorio nacional

Falso. El Perú mantiene su soberanía. La implementación del Acuerdo de Escazú se guía por dos principios clave que garantizan la soberanía de los Estados parte: el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y el principio de igualdad soberana de los Estados. El Acuerdo incluye, de manera expresa, que las medidas de garantía respecto de cada derecho se realizan según su marco de legislación nacional; es decir, se respetan los estándares nacionales adoptados.

El país será sometido a cortes internacionales como La Haya para la resolución de conflictos

Falso. La Corte Internacional de la Haya resolverá un conflicto entre los Estados. Los demás conflictos asociados al Acuerdo se seguirán resolviendo en las vías internas y en las instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según corresponda.

En el artículo 19° del Acuerdo de Escazú, sobre la solución de controversias, se establece que en caso surja una controversia entre dos o más países respecto de la interpretación o de la aplicación del Acuerdo no resueltas por negociación u otro medio de solución de controversias, ambas partes podrán someter estas a la Corte Internacional de Justicia o a un arbitraje. Someterse a fueros internacionales implica que en el marco de nuestra soberanía nacional nos sometemos a esas instancias como parte de nuestro rol en la comunidad internacional. Con la lógica de no someternos a cortes internacionales, Perú nunca firmaría tratados, acuerdos, ni ningún tipo de instrumento internacional.

Paralizará las inversiones mineras y actividades relacionadas al aprovechamiento de recursos naturales

Falso. El Acuerdo no menciona nada sobre oponerse a la dinamización de inversiones. Ver la participación ciudadana como un obstáculo o requisito que dilata inversiones no tiene sustento técnico alguno. No podemos tratar a la participación y transparencia como una formalidad cuando hablamos de derechos.

América Latina y el Caribe, en general, y el Perú en particular, tienen un alto índice de conflictividad socioambiental. La mayoría de estos conflictos son de carácter socioambiental relacionados a actividades extractivas, por lo que no podemos ser ajenos a que las respuestas pasan por generar confianza, credibilidad, diálogo, consenso y decisiones conjuntas. El Acuerdo de Escazú es un instrumento que contribuirá a gestionar conflictos, legitimar decisiones e incluir a la ciudadanía en etapas estratégicas de manera que ratificarlo generará mayor seguridad para todos los actores.

Finalmente, consideramos que es necesario que el Acuerdo de Escazú sea ratificado porque contribuirá a elevar los niveles de transparencia activa y rendición de cuentas, así como lograr los compromisos y metas de conservación nacional. Además, establecerá herramientas concretas para la gestión anticipada y resolución de conflictos socioambientales y, al incorporarlo de forma expresa en nuestro sistema normativo, nos permitirá salvaguardar el derecho a proteger el ambiente.

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.

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