Después de 5 meses el congreso de la República culminó la investigación por la mala ejecución de la obra de alcantarillado de la ciudad de Chiclayo.
La Comisión de Fiscalización del Congreso concluyó su informe final sobre las presuntas irregularidades en la Obra de Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado del casco urbano central de Chiclayo, concluyendo que existieron graves irregularidades en la elaboración del expediente, supervisión y ejecución de la obra, que derivaron en retrasos y problemas ambientales que pusieron en riesgo la salud de la población.
El extenso documento de 98 páginas, elaborado por el área de trabajo de la Comisión, detalla que hubo supuestas irregularidades en la Licitación Pública N°-04-2011/MPCH-CE por no ajustarse a los proceso de selección o normal, y además por que el Expediente Técnico no contaba con estudio de Impacto Ambiental, estudio de suelos y Plan de Monitoreo Arqueológico, hecho que pudo ser advertido por el alcalde y miembros del Comité Especial de Licitación.
Además porque se comprobó que el Consorcio Supervisor presentó una carta fianza falsa para solicitar un adelanto, del cual tenía pleno conocimiento el burgomaestre y los funcionarios, que dejaron que se continúe con los trabajos.
En base a los hechos analizados y tras visitar in situ la ciudad y recoger toda la documentación la comisión concluyó que el alcalde, Roberto Torres Gonzáles, sería presunto responsable de los delitos negociación incompatible y omisión de funciones en agravio de la comuna provincial, por lo que podría recibir una pena de 6 años de pena privativa de la libertad por la comisión de ambos delitos.
El alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, volvió a reiterar que los procesos fueron limpios, aunque dijo que se sometería a todas las recomendaciones que haga el congreso.
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