La acusación incluye al secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de la minera Doe Run, Royberto Guzmán y al alcalde de la localidad de Yauli, César Gutiérrez.
Diez personas, entre ellas un líder sindical, fueron hoy denunciadas penalmente por su participación en el paro provincial que desde ayer realizan los trabajadores del complejo metalúrgico de Doe Run en la ciudad de La Oroya, en reclamo por la reanudación de operaciones de dicha fundición.
La denuncia, realizada por la Procuradoría del ministerio del Interior, incluye al secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Doe Run, Royberto Guzmán, así como al alcalde de la localidad de Yauli, César Gutiérrez.
Estas dos personas, además de otros ocho manifestantes, son acusadas por delitos contra los medios de transporte y contra la tranquilidad pública.
El paro de La Oroya, ciudad situada 185 kilómetros al este de Lima, es secundado por prácticamente toda la población, que en gran porcentaje vive de la fundición que Doe Run, de capitales estadounidenses, que opera allí desde que en 1997 logró un contrato de concesión con el Estado.
Entre las medidas que los manifestantes han realizado destacan los intentos de bloqueo de la carretera central, principal vía de comunicación entre Lima y la zona centro del país. Para evitar estos cortes 2.000 agentes policiales fueron destinados a la provincia.
Los manifestantes reclaman la reanudación de las operaciones de la fundición, parada desde hace un año, mientras que la empresa pide al Gobierno una serie de beneficios, como la enésima prórroga para la finalización de un Plan de Adecuación Medio Ambiental (Pama).
EFE
La denuncia, realizada por la Procuradoría del ministerio del Interior, incluye al secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Doe Run, Royberto Guzmán, así como al alcalde de la localidad de Yauli, César Gutiérrez.
Estas dos personas, además de otros ocho manifestantes, son acusadas por delitos contra los medios de transporte y contra la tranquilidad pública.
El paro de La Oroya, ciudad situada 185 kilómetros al este de Lima, es secundado por prácticamente toda la población, que en gran porcentaje vive de la fundición que Doe Run, de capitales estadounidenses, que opera allí desde que en 1997 logró un contrato de concesión con el Estado.
Entre las medidas que los manifestantes han realizado destacan los intentos de bloqueo de la carretera central, principal vía de comunicación entre Lima y la zona centro del país. Para evitar estos cortes 2.000 agentes policiales fueron destinados a la provincia.
Los manifestantes reclaman la reanudación de las operaciones de la fundición, parada desde hace un año, mientras que la empresa pide al Gobierno una serie de beneficios, como la enésima prórroga para la finalización de un Plan de Adecuación Medio Ambiental (Pama).
EFE
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