Fuad Khoury rechazó categóricamente cualquier sesgo de politización o injerencia en su labor de fiscalización.
El contralor general de la República, Fuad Khoury, aseguró que no hay "temporalidad" para las acciones de control que realiza ese organismo y rechazó categóricamente cualquier sesgo de politización o injerencia en su labor de fiscalización.
"Para el ejercicio de control no hay temporalidad, habrá (ese criterio) para la prescripción de lo ocurrido, pero el control es atemporal", dijo Khoury.
Formuló ese comentario al referirse a las expresiones de Fernando Rospigliosi, quien dijera a medios de comunicación que el Ejecutivo ordenó a la Contraloría investigar su gestión como exministro del Interior, en el 2001, durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Explicó que la Contraloría no puede negarse a actuar frente a una solicitud del Congreso de la República "si hay un hecho que amerita ser investigado".
Recordó que la Comisión de Inteligencia pidió los informes de control realizados a los gastos en operaciones de inteligencia durante la última década.
La Contraloría entregó la información solicitada pero con vacíos porque no se encontraron los informes de los años 2001 y 2002, ni tampoco el documento con en el cual se suspendían las acciones de control que se realizaban en esa época.
"A la comisión le llamó la atención a mi también, por eso se revisará qué pasó y, sin ningún tipo de ánimo político o de emotividad, vamos a ver dónde están esos documentos; hemos encontrado ya algunos y lo que tengamos será revelado a comisión", sostuvo.
Khoury rechazó "categóricamente" cualquier tipo de influencia política o injerencia de los poderes del Estado en las acciones de control que ejecuta este organismo.
"Si algún valor tiene esta Contraloría es su independencia, soy un celoso guardián de que eso se mantenga y para ello estamos haciendo una reingeniería que evite cualquier filtro de información, filtro político o injerencia", apuntó en declaraciones a Andina.
Reiteró, en ese sentido, que no permitirá que funcionarios o exfuncionarios públicos que son investigados, "manchen la honra" de una institución que cumple con su labor.
"Cuando hay un acto de control es casi natural que una alta autoridad que se ve envuelto en presuntos casos de corrupción use el argumento de persecución política", dijo en referencia a los cuestionamiento formulados también por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
ANDINA
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