Arequipa
Sede municipal de Arequipa | Fuente: Andina

La Contraloría General detectó irregularidades en el proceso de adquisición y entrega de implementos de seguridad y equipos de protección personal para los servidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, las cuales dejaron un perjuicio económico de 195,424 soles.

El Informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N° 042-2020-2-0353-SCE evaluó el período del 13 de febrero al 12 de diciembre de 2019. El documento señala que cuatro funcionarios y servidores de la actual gestión municipal tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.

Las irregularidades

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Contraloría General, el comité de selección admitió la oferta de una empresa cuyas muestras no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas en las bases del proceso.

Pese a ello, el comité permitió que la propuesta del postor pase a la etapa de evaluación, verificación de requisitos de calificación y adjudicación de la buena pro, cuando no le correspondía.

A esto se suma que la Subgerencia de Recursos Humanos de la municipalidad de Arequipa, como área usuaria, otorgó conformidad a los implementos de seguridad entregados por el contratista, a pesar de que las características eran distintas a las solicitadas.

Entre los implementos de seguridad y equipos de protección personal adquiridos se encuentran mascarillas con válvulas, lentes de seguridad con protección UV, lentes de protección para podador de altura, respiradores con doble filtro, guantes de cuero badana reforzado, cascos anti motín, cascos con barbiquejo, zapatos de charol, escudos anti motín, borceguíes, coderas y rodilleras de protección, entre otros.

Acciones administrativas

La Contraloría notificó los resultados de control específico al titular del municipio, a quien se le recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el informe.

También recomienda a la Procuraduría Anticorrupción dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del informe de control específico.

(Andina)