por Redacción RPP
·La Junta de Fiscales Supremos dejó sin efecto la prórroga de despachos especializados y unidades médico-legales en Amazonas, argumentando que el Ejecutivo no asignó los recursos necesarios tras el vencimiento de un decreto de urgencia extraordinario.
El Ministerio Público ha oficializado el cese de funciones de diversas unidades fiscales y médico-legales en la provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas, una zona marcada por graves denuncias de violencia sexual contra menores indígenas.
Esta decisión se formalizó a través de la Resolución de la Junta de Fiscales Supremos Nº 004-2026-MP-FN-JFS, publicada el último viernes 6 de febrero, la cual deja sin efecto la prórroga de vigencia de las plazas y despachos que habían sido creados para fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Justicia en esta región fronteriza.
La medida impacta directamente en el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Río Santiago – Yutupis y su par en Huampami – Cenepa, las cuales contaban con equipos de fiscales provinciales y adjuntos.
Asimismo, la resolución determina el cierre de las Unidades Médico Legales I en Santa María de Nieva, Yutupis y Huampami, instancias que resultaban fundamentales para las pericias psicológicas y médicas de las víctimas en una zona de difícil acceso geográfico.
El origen de esta desactivación se encuentra en la naturaleza temporal de los recursos asignados mediante el Decreto de Urgencia N.° 005-2025, cuya vigencia legal concluyó el 31 de diciembre del año pasado sin que se habilitara una nueva partida presupuestaria.
"Tratándose de fiscalías transitorias con vigencia al 31 de diciembre de 2025, y al no haberse habilitado el presupuesto para su continuación desde el 1 de enero de 2026, no puede proseguir el funcionamiento de las mismas", indica el documento oficial suscrito por la Junta de Fiscales Supremos.
Ante el malestar generado por el retiro de estos servicios esenciales en una provincia donde se registraron cientos de abusos contra escolares de los pueblos awajún y wampis, el Ministerio Público argumentó que la decisión se ciñe estrictamente al marco legal vigente.
"Las medidas adoptadas por la Junta de Fiscales Supremos, entre ellas, el cese de las labores de una parte del personal que prestaba servicios en las fiscalías y unidades médico legales implementadas de manera temporal, se sustentan en las disposiciones legales y en la disponibilidad presupuestal vigente", aclaró la institución según citó este lunes la agencia de noticias EFE.
Cuestionamientos y respuesta del Ejecutivo
Desde la sociedad civil, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha manifestado una postura crítica frente a este retroceso en el acceso a la justicia para las poblaciones vulnerables.
"Desactivar estas fiscalías deja sin protección a niñas indígenas y favorece la impunidad en un territorio con altísimos índices de violencia", sostuvo la organización al calificar la medida como inaceptable y como un factor que profundiza la exclusión histórica de la Amazonía.
Por su parte, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han intentado mitigar el impacto del cierre informando sobre otras acciones en curso en la zona de Condorcanqui.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables destacó que el Centro Emergencia Mujer local ha extendido su horario de atención para brindar soporte constante a las víctimas.
"En la actualidad, el Centro Emergencia Mujer y Familia de Condorcanqui ha ampliado la atención a 24 horas, los 7 días de la semana. También contamos con intérpretes y un mayor número de profesionales para una atención oportuna", precisó la entidad respecto a sus esfuerzos de fortalecimiento institucional.
Por su parte, la ministra de Economía y Finanzas, Miralles Miralles, dijo a RPP que su cartera asigna el presupuesto conforme a la normativa vigente, y que es responsabilidad de cada titular de las entidades públicas de "reorientar" el mismo, acorde a sus prioridades.
En ese sentido, enfatizó que a ella le parecía "de prioritaria atención" abordar el tema presupuestario que asegure la continuidad de los despachos fiscales en Condorcanqui.
Además, indicó que el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas ha solicitado una reunión con ella, en la que se abordarían sus demandas presupuestarias.
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