Defensoría del Pueblo presenta proyecto de ley para regular el funcionamiento del Consejo de Estado

La Defensoría del Pueblo presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que tiene por objetivo regular el funcionamiento del Consejo de Estado. Este acuerdo se adoptó en la sesión de este espacio de coordinación interinstitucional realizada el pasado 19 de julio.

El Consejo de Estado, como máxima instancia de articulación del Estado peruano, ha sido convocado por distintos gobiernos ante situaciones que, por su gravedad, exigían una respuesta consensuada de los poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos. Sus acuerdos y pronunciamientos concretan los principios de cooperación entre poderes.

Pese a su rol, hasta el momento no existe norma que desarrolle de forma precisa su organización y funcionamiento. Para la Defensoría, esta situación requiere ser superada con urgencia para que cumpla de mejor forma su rol articulador frente a las frecuentes situaciones de crisis que atraviesa el país.

"En el proyecto se desarrolla la naturaleza del Consejo de Estado, sus funciones, así como los poderes del Estado y las instituciones autónomas que lo integran. También se regula, entre otros aspectos, la periodicidad de sus sesiones y el deber de transparencia que debe guiar sus labores", indicaron.

A juicio de la Defensoría del Pueblo, y conforme se acordó en la sesión del Consejo de Estado, resulta imprescindible regular a nivel legal su funcionamiento dado que esta entidad !garantiza la buena marcha del Estado y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía".

Miembros del Consejo de Estado piden una sesión de urgencia

A inicios de este mes, los titulares de diversas instituciones autónomas del Estado solicitaron al presidente de la República, Pedro Castillo, una sesión urgente del Consejo de Estado para tratar la situación de inestabilidad política que afronta el país.

El documento suscrito por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, el contralor general de la República, Nelson Shack y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, fue remitido al Despacho Presidencial.

En el oficio, los integrantes de esta instancia del Estado señalaron que la inestabilidad política afecta “la buena marcha de la administración pública y el pleno ejercicio de los derechos humanos”.

Recordaron que, si bien el Estado de derecho se caracteriza por la distribución de poderes y organismos autónomos, a fin de limitar el poder, esto no quiere decir que deban ejercer sus atribuciones de forma aislada, sino que están constitucionalmente obligados a realizar un trabajo conjunto.

"Tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, se encuentran constitucionalmente obligados a cooperar en la atención de los diversos problemas que afronta el país", sostienen.

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