RPP/Frank Mi

Desconocidos dejaron una corona fúnebre a la Coordinadora de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Distrito Judicial de Áncash con sede en la ciudad de Huaraz, Solanye Hurtado Gonzales, en la puerta de su oficina ubicada en el jirón Víctor Cordero N° 829.

En la nota que acompañaba el arreglo le dicen que si sigue con sus denuncias se va a morir y le advierten que la tienen en la mira.

Hasta el lugar llegaron los representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional para levantar un acta sobre lo ocurrido. Y como medida de prevención se ha dispuesto que desde hoy dos agentes custodien la sede de la procuraduría de manera permanente.

Hurtado contó que no pudieron ver quién dejó la corona porque en ese momento se encontraban revisando el pedido de prisión preventiva que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción contra el suspendido presidente de la región Áncash, César Álvarez por el caso del hospital de Carhuaz.

Refirió que en estos momentos le es imposible sindicar a alguien como el autor de esta amenaza porque su despacho ha formulado denuncias no solo contra Álvarez y los 20 consejeros regionales, sino también contra el cuestionado presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash, Edin Campos, jueces, fiscales y los alcaldes de las municipalidades de Huaraz, Chavín de Huántar y San Marcos.

“Sospecho de todos los funcionarios implicados en delitos de corrupción. Tenemos muchos enemigos. Estos son casos emblemáticos. Desde que asumí el cargo he destapado procesos que la fiscalía no los había sacado a la luz. Felizmente solo se ha tratado de una corona fúnebre”, sostuvo la abogada.

Asimismo, dijo que no es la primera vez que es víctima de amedrentamiento, pues cuando recomendó prisión preventiva en el caso Chavín de Huántar le hicieron reglaje por dos semanas y luego rompieron la puerta de su casa.

Añadió que hace dos o tres semanas, una persona de su confianza le comunicó que la estaban siguiendo en una moto lineal y que desconocidos tomaban fotos a la oficina de la procuraduría, a donde también llegaron para preguntar si tenían instaladas cámaras de vigilancia.

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