Denuncian a terroristas por reclutamiento de menores de edad en el VRAE

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, interpuso ante el Vigésimo Juzgado Penal de Lima, una acción de hábeas corpus instructivo en contra Víctor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino y Filomeno Cerrón Cardoso, cabecillas de Sendero Luminoso (SL), quienes mantienen privados de su libertad a un número indeterminado de menores de edad. 

En la demanda se solicita que se disponga la declaración judicial de abandono de los menores, la extinción de la patria potestad de los padres de los menores y la inclusión de estos menores en programas para niños y adolescentes víctimas de la violencia armada.

Además, se pide la remisión de los actuados al Fiscal Penal correspondiente para que formule las denuncias por los delitos incurridos en agravio de los menores y tomar otras medidas que el despacho judicial considere pertinente para resguardar la integridad y seguridad de los menores.

Como se recuerda, un programa televisivo propaló dos informes periodísticos informando que en alguna zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), los cabecillas Víctor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino, Filomeno Cerrón Cardoso tenían reclutados a varios niños y adolescentes, a quienes obligaban a participar de forma coercitiva en actos de narcoterrorismo.

Los menores se encuentran bajo la custodia armada de estos sujetos (quienes tienen varias denuncias por delito de terrorismo), privados de sus libertades corporal y locomotora, por lo que son obligados a utilizar armas y tener enfrentamientos con fuerzas regulares del Ejército Peruano y de la Policía Nacional del Perú.

"Dichos menores son utilizados, contra su voluntad, como parte del grupo narcoterrorista (niños soldados) para hacer las veces de escudos humanos y/o con fines de propaganda en caso de que sean víctimas de la violencia propia del conflicto", señala la demanda.

Otro fundamento de la demanda es que en el estado de privación de libertad de estos menores, se les impone una doctrina ideológica que está condenada por el ordenamiento legal nacional.

Estos integrantes de SL exponen a estos menores a que en el futuro, por esta formación inculcada de manera forzada, no puedan integrarse a la sociedad democrática porque no podrán comprender lo que el ordenamiento constitucional prohíbe y persigue como delito.

Por este adoctrinamiento, los denunciados no sólo vulneran el derecho a la libertad de los menores, sino otros derechos, por los que deben ser denunciados y juzgados.

Se solicita además ordenar las medidas necesarias para evitar que el acto vuelva a repetirse sobre todo en el caso de aquellos menores que tienen vínculo de parentesco con los denunciados y otros miembros del grupo de SL. 

En la demanda, se pide que la sentencia prive cualquier derecho de los progenitores sobre los menores y éstos sean entregados a la custodia del Estado para su cuidado y tratamiento que permita su rehabilitación de los daños físicos, morales y cognoscitivos.

En cuanto al grupo de niños víctimas que no son familiares de los delincuentes, éstos habrían sido objeto de compra, vulnerando la Convención del Niño y sus protocolos, por lo que se pide autorizar al Estado tomar medidas necesarias para recuperarlos.