"En caso de demanda -y esto estaba previsto en el mismo contrato- en la cláusula 6.2 se señala que (...) Centromín, que era el gobierno, asumirá la responsabilidad por cualquier daño o perjuicio", señaló Mogrovejo.
El vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, sostuvo hoy que existe un contrato, suscrito en 1997, en el cual el Estado peruano se compromete a asumir la responsabilidad por cualquier daño o perjuicio ocasionado a la población.
En diálogo con RPP Noticias, sostuvo que en caso se presentara alguna demanda por parte de la población de La Oroya (Junín), donde realiza sus actividades la minera, deberá ser asumida por todos los peruanos.
“En caso de demanda -y esto estaba previsto en el mismo contrato- en la cláusula 6.2 se señala que para el periodo aprobado para la ejecución del PAMA, Centromín, que era el gobierno, asumirá la responsabilidad por cualquier daño, perjuicio o reclamos atribuibles”, indicó.
De acuerdo a un informe periodístico publicado hoy, Doe Run quiere que el Estado peruano pague 29 mil millones de dólares de indemnización en caso se presente una demanda por afectación en la salud de 1,300 niños. Esta posibilidad se amplía con la existencia de dicho contrato, explicó Mogrovejo.
“Renco firmó un contrato al momento de la adquisición del complejo, donde se comprometían a realizar una serie de acciones. También el Estado, por las condiciones que existían en La Oroya, se comprometía a efectuar una serie de trabajos, como la remediación de las áreas afectadas por las emisiones gaseosas”, insistió.
Cabe señalar que la Junta de Acreedores debatirá este lunes el Plan de Reestructuración de Doe Run, en el proceso concursal convocado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para salvar el complejo metalúrgico.
Para el Estado son inadmisibles las condiciones que hasta el momento ha planteado Doe Run y su matriz Renco Group, aseguró anteriormente el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.
Sin embargo, para Doe Run ‘no son insalvables’ las diferencias entre el Estado peruano y esta empresa, señala Mogrovejo.
“Consideramos que se necesita un entendimiento en la cual la empresa está dispuesta a llegar con el gobierno y los acreedores para reiniciar las operaciones. Son más de 50 mil personas en La Oroya que esperan el reinicio de las operaciones el 1 de mayo”, apuntó el representante de la empresa.
Dijo que el Plan de Reestructuración incluye el financiamiento necesario, la provisión de concentrados para operar adecuadamente e incluso el cumplimiento del último proyecto ambiental, que tiene un avance en más del 50%.
“El PAMA de La Oroya es un proyecto que en el año 1997 fue valorizado por el Estado peruano en 100 millones dólares, y ahora cuesta 500 millones de dólares porque es muy complejo”, indicó.
Subrayó que el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) incluye nueve proyectos, de los cuales se han ejecutado 8, que cubren problemas ambientales como agua ácidas que contaminan los ríos, sólidos almacenados en los suelos, emisiones de metales, polvos al ambiente y emisiones de gases.
Refirió que hasta el momento se ha invertido 313 millones de dólares en proyectos ambientales, teniendo 180 millones de dólares pendientes de utilizar.
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