por Freddy Chávarry
·Según el jefe del INEI, Gaspar Morán, el Perú ha registrado un incremento sostenido en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes durante los últimos años, pasando de 8.6 a 10.7 en 2025.
Especialistas analizaron las cifras del INEI presentadas por el Gobierno respecto a la criminalidad en el país y advirtieron sobre el incremento sostenido de la tasa de homicidios en el Perú, la cual ha superado los registros históricos habituales pese a las medidas implementadas por el Ejecutivo.
El exministro del Interior Cluber Aliaga sostuvo que estos índices deben llamar a la reflexión, pues la tasa de homicidios correspondiente al año 2025 se sitúa en 10.7 por cada 100 000 habitantes, una cifra que marca un aumento respecto al año 2024.
Aliaga explicó que, históricamente, el Perú mantenía una tasa que fluctuaba entre cuatro y siete homicidios por cada 100 mil habitantes, situación que ha cambiado drásticamente al romperse la barrera de un solo dígito hace unos años.
No obstante, Aliaga precisó que el jefe del INEI, Gaspar Morán, hizo hincapié en que las estadísticas presentadas dependen de los datos proporcionados por la PNP, por lo que advirtió sobre posibles sesgos o limitaciones en el recojo de dicha información.
Si bien el informe del INEI reportó una ligera disminución de la incidencia delictiva en el último trimestre de 2025 (menos del 2 %), Aliaga consideró que este dato no es significativo frente a la tendencia anual al alza.
Plan de seguridad debe ser más operativo
Por su parte, Ángel Gaspar, especialista en derecho penal y política criminal, ha precisado que, luego del análisis de las cifras, es importante que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana multisectorial que presentará el Ejecutivo sea más operativo y menos "de escritorio".
"Es importante que no solamente el enfoque territorial que ya menciono se introduzca en esta actualización del plan, sino también la fiscalización y la participación de la ciudadanía a través de, por ejemplo, comités distritales, porque este plan está asociado al sistema nacional de seguridad ciudadana y aterriza distritalmente en comités distritales, que está encabezado por alcaldes", precisó.
Las estadísticas muestran que cinco regiones superan el 20 % en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes: Madre de Dios, Callao, Lima, Tumbes y Puno, regiones asociadas a crímenes como la extorsión y otros vinculados a la minería ilegal.
Al respecto, para Gaspar, este nuevo plan debe determinar si, además de la minería ilegal, se añadirá la extorsión como una economía ilegal, pues en los últimos años se ha demostrado la capacidad de este delito para "penetrar en la institucionalidad" del Estado.
"Tenemos el caso de La Victoria, donde sabíamos que en la situación de Gamarra había toda una coordinación entre las personas que se dedicaban a cobrar por los estacionamientos o por ventas ambulantes, realizado con conocimiento de las autoridades. Ahí la extorsión, como una nueva economía ilegal, por su capacidad de producción y de acumulación, está viéndose desarrollada, debido a que tiene mucha conexión a través de la corrupción con la política", comentó.
Informe carece de criterios de metodología y validación de cifras
En tanto, Marcos Galván, abogado y docente en derecho penal, remarcó que las estadísticas presentadas por el Gobierno se tratan de índices "preliminares, cifras aproximadas o meras construcciones", y cuestionó que el informe presentado en la actualidad dista de contar con las características de los informes presentados en años anteriores por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC).
"El CIEC ha producido alrededor de cinco o seis informes anteriormente, si bien estuvo inactivo hasta el 2021 para producir cifras; siempre que las emitió, las emitió a través de un informe técnico, de un documento de trabajo, en el que se exponía metodología, se precisaban conceptos, se señalaba cuál era la secuencia para contrastar y validar las cifras de por medio. Cuando vemos los informes desde el 2012 hasta el 2021, que fue el último trabajo, vemos que, además de este modo de presentación transparente y técnico, el Gobierno se tomaba por lo menos unos siete u ocho meses para poder presentar justamente estas cifras. Y no se aventuraba a presentar cifras preliminares o cifras aproximadas o meras construcciones. Y creemos que esta vez así ha ocurrido", aclaró.
Para Galván, la presentación de un informe sin una exposición de metodología ni validación de cifras puede ser perjudicial al momento de sacar conclusiones, pues la opinión de la ciudadanía respecto a la percepción de seguridad en el país podría verse alterada.
Agregó que en esta última conferencia se buscó comparar las cifras de los últimos trimestres de 2024 y 2025, señalando una "reducción de tasa", una conclusión que, para el abogado, no es válida.
"Tomando en cuenta que hay una dificultad en el modo en el que se ha contabilizado, no es una conclusión válida. Hay que señalar que, tanto el presidente como el director general de la Policía, han señalado que, porque se habrían reducido las denuncias de extorsión, para ellos significa que han reducido la incidencia de extorsión, lo cual no tiene ningún tipo de sustento", afirmó.
Datos "han sido un poco apresurados"
El exministro Aliaga concordó en que los datos presentados "han sido un poco apresurados", pues no obedecerían a un criterio técnico ya definido ni señalan la metodología que debe respaldarla. "Por lo tanto, no es auditable y los datos no son definitivos" Asimismo, expresó que lo presentado "no es lo que la población exigía".
"Todo el aparato estatal era para que nos informe, por ejemplo, cuántos empresarios de transporte o empresas de transporte de Lima habían sido extorsionados al mes de octubre del año pasado y cuántos ya no están siendo extorsionados a enero de 2026", sostuvo.
Según Aliaga, basado en su experiencia en Chiclayo, para la lucha contra la delincuencia se requieren estrategias adecuadas para cada delito y no una forma lineal y única para problemas que son diferentes.
"Por ejemplo, los que integran las organizaciones de casa, secuestro, sicariato, están dispuestos a matar. El estafador no está dispuesto a matar. El estafador te engaña pensando que tú vas a salir ganando. Es decir, los delincuentes operan con diferente nivel de violencia, de agresividad, de recursos", mencionó.
Asimismo, recordó que no se ha rendido cuenta sobre el balance de la aplicación del estado de emergencia, una medida que implica la restricción de derechos fundamentales para los ciudadanos.
"Eso se tolera y se acepta en tanto y en cuanto se restablezcan las condiciones de orden, paz y seguridad. Es decir, durante un mes, dos meses, te acepto que me restrinjan mis libertades, pero luego quiero normalidad. Si no logramos normalidad, eso quiere decir que esa medida ha sido arbitraria, innecesaria, inoportuna, ineficaz. Y eso es lo que nos queda claro", afirmó.
Jefe del INEI: Cifras de homicidios entre 2022 y 2024 fueron actualizadas
El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, formó parte de la presentación de las cifras oficiales de seguridad ciudadana correspondientes al último trimestre de 2025. Durante la actividad, también se presentó la tasa oficial de homicidios correspondiente al periodo 2022–2024, elaborada conforme a la metodología aprobada por el CEIC en el 2021.
Según este reporte, el Perú ha registrado un incremento sostenido en la tasa de homicidios durante los últimos años, superando la barrera de un dígito por cada 100 000 habitantes.
Al respecto, en diálogo con RPP, Morán señaló que, tras un periodo sin actualización de datos específicos de homicidios entre 2022 y 2024 debido a la falta de consolidación de bases de datos institucionales, el INEI precisó que en 2021 y 2022 se registraron 8.6 homicidios por cada 100 000 habitantes.
A partir de dicho momento, este índice fue en aumento, pasando a 9.3 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2023, 10.1 en 2024 y 10.7 en 2025.
Para llegar a la cifra del año reciente, se obtuvieron las bases de datos de instituciones como la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE y Sinadef. Apuntó que para consolidar el dato de 2025 todavía se requiere visitar 400 comisarías, proceso que iniciará en febrero.
Morán apuntó que, para este ciclo estadístico, el INEI también tiene previsto acudir a todas las morgues del país para cruzar la información de fallecidos y garantizar la precisión del dato final. Se espera que el informe de consolidación final, con el cruce total de datos de campo, esté disponible aproximadamente en julio de 2026.
En tanto, respecto a las extorsiones, las denuncias por este delito en 2024 fueron 22 361, según la base de datos de la PNP, mientras que en 2025 el número incrementó a 26 585.
Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exige al Gobierno cifras contra la inseguridad
El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, demandó al gobierno presentar cifras concretas y estadísticas sobre la lucha contra la delincuencia para recuperar la confianza de la población. En declaraciones a Ampliación de Noticias, Reggiardo señaló que, aunque una paralización como la convocada por los transportistas de Lima Metropolitana y Callao afecta la economía y a los ciudadanos, el reclamo es entendible como una medida para plantear alternativas de solución ante la falta de resultados contra los extorsionadores por parte de las autoridades nacionales.
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