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El Congreso inhabilita a la Fiscal Zoraida Ávalos, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, en el pleno del Congreso.
Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, en el pleno del Congreso. | Fuente: Congreso de la República

Es cierto que la inhabilitación ha sido votada por amplia mayoría en el pleno del Congreso. Pero es igualmente cierto que el Congreso tiene una tasa de aprobación bajísima, según evidencian las sucesivas encuestas, que no hacen sino reflejar el repudio a los “niños”, “mochasueldos” y blindadores de corruptos.

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La inhabilitación de la Fiscal Suprema Zoraida Ávalos no es una buena noticia para los que aspiran a una democracia con contrapesos y al restablecimiento de la confianza de la población. Es cierto que la inhabilitación ha sido votada por amplia mayoría en el pleno del Congreso. Pero es igualmente cierto que el Congreso tiene una tasa de aprobación bajísima, según evidencian las sucesivas encuestas, que no hacen sino reflejar el repudio a los “niños”, “mochasueldos” y blindadores de corruptos. 

La Fiscalía también es objeto de críticas en razón de la lentitud de sus procedimientos y de los magros resultados en la lucha contra la corrupción, en particular en el caso Lavo Jato. Hemos visto que hay querellas e intrigas en su seno, que solo pueden beneficiar a los delincuentes y los investigados.  

La corrupción, el narcotráfico, la delincuencia y las diferentes formas de economías ilegales requieren tener al frente una Fiscalía unida y transparente. Manifiestamente no es el caso. Zoraida Ávalos ha sido sancionada por el criterio jurídico que aplicó para incluir a Pedro Castillo en una investigación fiscal y luego suspenderla, en lo relativo a él, mientras durase su mandato presidencial. Es decir, la por entonces Fiscal de la Nación abrió la puerta a una nueva interpretación del artículo 117 de la Constitución, y a la vez aplicó la doctrina tradicional de inmunidad presidencial. Aún si fuera exacto que se equivocó, la causa de su sanción no es prevaricato, sino una discrepancia sobre el criterio jurídico a ser aplicado. 

Por eso es inquietante el precedente, es decir que los jueces y fiscales puedan ser sancionados por el Congreso, cuando la mayoría no esté de acuerdo con el criterio usado en un acto jurisdiccional. La democracia requiere que haya una Justicia independiente del poder político. La decisión de ayer no contribuye a reforzarla.

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