Contraloría: 9 000 funcionarios habrían recibido canastas que eran para población vulnerable

El contralor general Nelson Shack informó este jueves que se elevó a más de 9 000 el número de servidores públicos que habrían recibido canastas de víveres a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable durante el estado de emergencia por la COVID-19.

Al dar a conocer el informe "Control en tiempos de COVID-19", tras más de 100 días de gestión durante la pandemia, Shack recordó que a inicios del mes de junio la cifra ascendía a 4 212 pero hoy, agregó, ha crecido a más de 9 mil.

Explicó que, de ese total, hay evidencia que 2 600 recibieron las canastas pese a que ganaban sueldos de 3 000 a 5 000 soles mensuales. La mayoría de los casos se encuentran en Lima, Iquitos, Junín, Piura, Cajamarca, Cusco y Huancavelica.

"Un claro despropósito respecto a la eficacia de la distribución de canastas de víveres", expresó durante la conferencia de prensa realizada esta mañana en la sede de la institución.

Entre los problemas que motivaron la intervención del órgano de control se encuentran padrones de beneficiarios desactualizados, que la canasta se entregó a quien no correspondía, que llegaron tarde, que se sacaron algunos productos para reducir su peso, así como falta de registro sanitario o de fecha de vencimiento, entre otros.

En la supervisión de la compra y entrega de las canastas a la población vulnerable afectada por el aislamiento social, tal como lo dispuso el Gobierno, la Contraloría visitó 1 329 municipalidades de todo el país y participaron 400 auditores de la entidad.

De igual manera, el titular de la Contraloría General también dio a conocer los hallazgos encontrados en operativos de control en hospitales públicos, en el servicio de limpieza y desinfección del transporte, en el padrón de hogar para el subsidio monetario, en la compra de dispositivos informáticos para colegios públicos.

Asimismo, el informe incluyó el cobro de clínicas por pruebas moleculares de COVID-19 que el Instituto Nacional de Salud realizó de manera gratuita; así como las compras realizadas por comisarías y centros penitenciarios. También, los informes de control al programa Reactiva Perú y al programa Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype FAE-Mype. "En total se emitieron 8 000 informes", destacó.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el contralor adelantó que impulsará servicios de control para verificar si los organismos reguladores de servicios de luz, agua, telefonía, bancos, entre otros, hicieron su trabajo con efectividad durante el estado de emergencia por la COVID-19.

Señaló además que "necesitamos conocer cuál ha sido el costo de vidas humanas de la pandemia" y que por eso la Contraloría intervendrá para conocer la consistencia y confianza de los registros de fallecidos de las entidades públicas".

Ya en el segundo semestre de este año, añadió, se harán operativos de control en materia de consultorías contratadas por las instituciones estatales, principalmente ministerios, así como todo lo relacionado con la Reconstrucción con Cambios y las inversiones para atender los problemas derivados de las heladas y friajes.