Fiscalía pide 20 años de cárcel para el suboficial Elvis Miranda, acusado de asesinar a un presunto delincuente

La Fiscalía Penal de Castilla (Piura) presentó el requerimiento de 20 años de cárcel para el suboficial de la Policía Nacional del Perú Elvis Miranda Rojas, acusado de asesinar a un presunto delincuente el pasado 13 de enero durante una intervención policial.

También pide que Miranda pague ochenta mil soles por reparación civil por el delito de homicidio simple, previsto en el artículo 106° del Código Penal. De acuerdo al expediente, el imputado tiene un plazo de 10 días para alegar sus descargos antes de ir a un juicio oral y así definir su situación legal.

La madre del suboficial, Lucy Rojas, sostuvo que es injusta la decisión tomada por el Ministerio Público, pues señaló que su hijo solo se defendió ante los disparos que realizó Juan Carlos Ramírez Chocán, un desertor del Ejército Peruano con antecedentes policiales.

"Me siento angustiada por el caso de mi hijo. Pido el apoyo del presidente Vizcarra y del ministro del Interior para que respalden la inocencia de mi hijo, quien trató de defenderse", acotó.

El controvertido caso del suboficial Miranda

En febrero de este año, Miranda Rojas abandonó la cárcel de Piura, donde estuvo recluido, luego que el Poder Judicial declarara fundado el hábeas corpus presentado por su defensa. Con esta medida, el suboficial continuó el proceso iniciado en su contra en libertad.

Al suboficial se le acusa de los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio en agravio de Juan Carlos Ramírez Chocán, que murió tras enfrentarse al policía durante una persecución.

La detención y encarcelamiento de Miranda Rojas fue criticada por la ciudadanía y por funcionarios, entre ellos el presidente Martín Vizcarra, que consideraban que otros policías se inhibirían de usar sus armas al enfrentar a delincuentes, en un país con altos niveles de inseguridad.

Miranda, de 25 años, abatió a un presunto delincuente que no acató la orden de detenerse tras cometer un asalto a mano armada el 13 de enero. Tras el hecho, un juez lo mandó a prisión preventiva por siete meses al agente, aduciendo que si permanecía en libertad podría "obstruir" las investigaciones.