De acuerdo con el decreto de urgencia, se consideran beneficiarios a los deudos de personas fallecidas, así como las personas heridas de gravedad en las movilizaciones ocurridas entre el 08 de diciembre de 2022 y 10 de febrero de 2023, y que han sido identificadas por la Comisión Multisectorial del Gobierno.
El Poder Ejecutivo autorizó, mediante un Decreto de Urgencia, el otorgamiento de un apoyo económico, de manera excepcional y por única vez, a los deudos de las personas fallecidas y heridos de gravedad, civiles y policías, durante las movilizaciones realizadas entre el 08 de diciembre de 2022 y 10 de febrero de 2023.
Así lo establece el Decreto de Urgencia Nº 006-2023, publicado esta noche en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
De acuerdo con la norma, el apoyo económico corresponde a una subvención que no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria. Por tanto, el beneficio no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o penales.
En esa línea, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) entregará —por única vez— el monto de S/ 50 000,00 por concepto de apoyo económico por cada persona fallecida en las movilizaciones, monto que será distribuido entre los deudos identificados por la Comisión Multisectorial.
Asimismo, esta cartera entregará, por única vez, el monto de S/ 25 000,00 por concepto de apoyo económico para cada persona herida de gravedad identificada por la Comisión Multisectorial.
¿Quiénes son los beneficiados?
Se consideran beneficiarios a los deudos de personas fallecidas, así como las personas heridas de gravedad en las movilizaciones ocurridas entre el 08 de diciembre de 2022 y 10 de febrero de 2023, y que han sido identificadas por la Comisión Multisectorial creada mediante Resolución Suprema Nº 264-2022-JUS, modificada por Resolución Suprema Nº 027-2023-JUS.
El apoyo económico excepcional se financia con cargo al presupuesto institucional del Año Fiscal 2023 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado en la Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
El presente Decreto de Urgencia tiene una vigencia de hasta 45 días hábiles contados desde el día siguiente de su publicación en el diario El Peruano.
Diligencias de Fiscalía
La Fiscalía de la Nación realizó este martes diligencias de exhibición de documentos en la sede de la Región Policial Lima. Esto en el marco de las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios de su gestión por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y otros.
Durante cuatro horas el personal del Ministerio Público estuvo dentro de la sede policial y las diligencias fueron lideradas por la fiscal adjunta provincial de Enriquecimiento Ilícito y denuncias constitucionales, Karen Oliva Chávez.
Esta presencia de la Fiscalía en la Región Policial Lima también se debió por las investigaciones en la intervención en la universidad San Marcos ocurrida el pasado 21 de enero y en la cual se detuvieron a 205 personas que fueron liberadas dos días más tarde.
(Con información de Andina)
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