El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros.
La Ley 32490, conocida como Ley contra la Extorsión y el Sicariato, surgió para combatir la inseguridad que golpea a diversos sectores, especialmente al del transporte público. La norma busca garantizar la continuidad y seguridad del traslado de pasajeros y mercancías, servicios considerados esenciales para la movilidad, el empleo y la economía.
Según reportes periodísticos, en lo que va del 2026 han ocurrido al menos ocho atentados contra empresas de transporte público, con un saldo de dos fallecidos.
En 2024, las víctimas mortales por ataques de extorsionadores contra este gremio superaron las 70. Esta situación de inseguridad motivó que, en varios meses de 2025, los transportistas apagaran los motores de sus vehículos para exigir mediante paros una acción más eficiente por parte del Gobierno.
Con la Ley 32490, se creará el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES). Esta entidad, demandada reiteradamente por el gremio de transportistas, será considerada un cuerpo de élite integrado por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial, instituciones que trabajarán de forma articulada para combatir el crimen organizado y los casos de extorsión.
El General PNP (R), Carlos Llerena, se mostró a favor de la integración que tendrán en esta labor la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Dijo que ello permitirá que las investigaciones no solo se limiten a las capturas inmediatas.
"Muchas veces solamente las actas o la investigación se centran solamente por lo que se tiene en el momento por decirte la tenencia de armas, de fuego, explosiones y una serie de situaciones, pero eso no lo pueden vincular con otros casos o en todo caso no se dejan vincular con otros casos por justamente esa falta de coordinación que debe haber en el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú”, señaló.
Los integrantes del GIES operarán bajo un régimen especial de remuneración y seguridad; además, su personal será sometido a una evaluación permanente mediante pruebas de poligrafía.
Con la ley, en la fase preventiva contra los casos de extorsión, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), junto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), supervisará operaciones sospechosas en cuentas bancarias y billeteras digitales. El objetivo es rastrear flujos de dinero derivados de las denominadas "vacunas" o "colaboraciones" que exigen los extorsionadores.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio destacó que pueda conocerse la "trazabilidad" del dinero producto de la extorsión y que se canaliza en algunos servicios financieros.
"Lo que se intenta lograr es que se acceda de manera rápida e inmediata y sistemática a la información que ingresa la unidad de inteligencia financiera, pero para los efectos de lo más pronto posible analizarla, porque neutralizando el aspecto económico de la extorsión, la extorsión se quiebra como tal”, mencionó.
Compensaciones económicas
La norma prevé, además, un programa de reparación para las víctimas, que contempla compensaciones económicas y seguros por fallecimiento o pérdida de vehículos. Asimismo, las empresas afectadas que acrediten formalmente los daños a sus unidades podrán acceder a créditos blandos y exoneraciones tributarias.
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, saludó la implementación de estas medidas; no obstante, aclaró que por sí solas no erradicarán la criminalidad. En ese sentido, destacó que el verdadero núcleo de la lucha contra los extorsionadores recaerá en la labor que ejecute el GIES.
"La propuesta sustantiva es que se creará una unidad de élite, entendiendo que esta es un trabajo de inteligencia cuyos resultados van a ser en el mediano y largo plazo. Un trabajo articulado con lo mejor de la policía, ministerio público, poder judicial. Si no se hace esa labor que es el pedido principal que hemos planteado los gremios de transporte, mal haríamos, con medidas paliativas de combatir a la extorsión. Yo creo que esto es lo sustantivo y lo que debe de primar en la norma”, refirió.
La ley contra la extorsión y sicariato considera además que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acredite "rutas seguras" mediante la certificación de paraderos y unidades que cuenten con cámaras y botones de pánico, dispositivos que deberán estar integrados al Sistema C5i, es decir, un centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Cibernética e Inteligencia.
La policía también deberá actualizar cada 30 días los mapas georreferenciados de zonas críticas de casos de extorsión y sicariato. Además, En paralelo, se implementará un programa de protección y custodia destinado a pasajeros, conductores y familiares bajo amenaza de organizaciones criminales.
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