Ministerio Público realiza diligencia en sede del OSCE tras denuncia de presunto espionaje informático

La Fiscalía Anticorrupción llegó a la sede del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para realizar las diligencias correspondientes tras la denuncia del dominical periodístico Punto Final de un presunto espionaje informático hecho por un joven de 23 años, en las oficinas de la entidad estatal.

La Fiscalía llegó este lunes a las oficianes de la OSCE para exigir la entrega de la información de contratación ganada a través del servicio denomiado Tarot (Grupo Tarot), que lograron beneficios con  empresas chinas, según denunció Punto Final.

Un equipo de RPP Noticias informó que la fiscalía acudió a dos oficinas: una en la parte delantera de la sede central y otra en la parte trasera que es conocida como la sede del regidor. Las diligencias se realizan en el cuarto piso. 

De acuerdo con el área de prensa de OSCE en ambos edificios hay centros de datos.

Los representantes de la fiscalía se encuentran en la sede de OSCE desde las 10 de la mañana. La diligencia está a cargo del fiscal Renzo Huamán, de la Segunda Fiscalía Anticorrupción.  

El fiscal Huamán es acompañado por agentes de la Policía de la Dirección contra la Corrpución (Dircocor).

OSCE mostró facilidad para ingreso de Fiscalía

Mediante sus redes sociales oficiales, el OSCE señaló que han brindado todas las facilidades para que la Fiscalía Anticorrpución realice las investigaciones correspondientes de manera inmediata.

Recordemos que tras la denuncia periodística, la entidad manifestó firme compromiso" en la lucha contra la corrupción reiterando su rechazo a todo acto contrario a la ley.

Vulneración del sistema del SEACE

Un joven de 23 años y sus cómplices vulneraron el sistema de seguridad de la plataforma SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para vender información a decenas de empresas que ganaron millonarias licitaciones a sus competidores, según el programa Punto Final.

De acuerdo con el informe, un hombre, identificado como Mario, acudió el 4 de abril de este año a la Procuraduría Anticorrupción para revelar que gracias a un contacto privado y a uno en el propio OSCE conseguía acceder como usuario interno a la administración del SEACE y obtener de ahí las propuestas de postores ante del cierre de un concurso público.

La información extraída por el servicio denomiado Tarot era enviada a representantes de constructoras, quienes en base a los datos ajustaban sus ofertas económicas para aparecer con el precio más bajo y ganar los concursos públicos.

Mario, quien podía cobrar hasta 30 000 dólares por consulta, no solo relató al procurador anticorrupción Javier Pacheco la lista de empresas beneficiarias de su servicio desde hace dos años, los nombres de operadores de Tarot y un conjunto de imágenes y chats de las comunicaciones donde se compartía la información de propuestas de postores.

¿Cuáles son los presuntos beneficios de Tarot?

El programa Punto Final citó como ejemplo el concurso para la obra del Hospital del Altiplano de Puno, obra convocada por EsSalud con un precio referencial de 280.9 millones de soles. Y tenía como plazo máximo de presentación de propuesta el 28 de junio del 2021.

Ese día, China CAM Engineering registra su propuesta a las 18:42, el Consorcio Andes del Sur registra la suya a las 21:22. Las propuestas de los postores son secretas hasta su apertura en conjunto. Pero minutos antes del cierre entra a intervenir Tarot. Y a las 23:08 entrega información de las ofertas económicas secretas. De acuerdo con el informe periodístico, alimentado por esa data, el Consorcio Hospital del Altiplano oferta a las 23.17.

Cerrado el plazo se abren las propuestas. China CAM Engineering ofertó 277.4 millones de soles, Consorcio Andes del Sur, 280 millones de soles y Consorcio Hospital del Altiplano 275.2 millones, que ganó el concurso. El citado consorcio estaba conformado por dos empresas chinas.

Punto Final precisa que el contacto entre el proveedor del servicio Tarot y las empresas chinas beneficiarias con la información es Felipe Aguilar Quispe, quien pertenece a una familia de empresarios vinculados a empresas chinas que han obtenido contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y son investigadas por la Fiscalía.

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