La minería ilegal se ha convertido durante los últimos años en la forma de criminalidad que más dinero genera en nuestro país. Eso le permite contratar sicarios pero sin duda también controlar autoridades del Estado que por complicidad o por temor prefierencerrar los ojos.
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Durante la madrugada de ayer se produjo un nuevo ataque en la zona de influencia de la minera Poderosa. Pese a la vigencia del estado de emergencia y la presencia en la región de un importante contingente de la Policía Nacional, una explosión de origen criminal derribó una torre de transmisión de electricidad.
El atentado ha afectado gravemente la actividad minera, pero además es un acto de terror cometido sin duda por agentes de la minería ilegal en la sierra de La Libertad. Se trata de un mensaje violento contra los que quieren formalizar la minería en nuestro país, combatir la criminalidad y garantizar condiciones de seguridad a las empresas mineras formales, es decir las que respetan las exigencias ambientales y sociales, a la vez que pagan impuestos y canon.
La minería ilegal se ha convertido durante los últimos años en la forma de criminalidad que más dinero genera en nuestro país. Eso le permite contratar sicarios pero sin duda también controlar autoridades del Estado que por complicidad o por temor prefieren cerrar los ojos.
Y es así, como diariamente circulan con total impunidad camiones que llevan hacia los puertos de la costa toneladas de minerales que son procesados en plantas que nadie supervisa. El elevado precio del dólar garantiza la rentabilidad de la minería ilegal, incluyendo las coimas para corromper funcionarios.
El Gobierno no ha sido capaz de presentar y ejecutar un plan creíble para luchar contra una amenaza creciente que, como en otros países, puede terminar por someter al Estado.
Tampoco el Congreso ha mostrado un compromiso real contra la minería ilegal. Al contrario, ha votado, una vez más, la prolongación de los plazos para que las empresas accedan a la formalización.
Entre las reacciones, vale la pena destacar por su rapidez y claridad la de la Cámara de Comercio de Lima, que expresa “su preocupación ante la inacción de las autoridades frente al actuar irracional y recurrente” de organizaciones criminales que atentan contra las actividades empresariales.
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