ONG denuncia que Perú tiene numerosas concesiones mineras en reservas naturales

El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) de Perú denunció este martes más casos de concesiones mineras otorgadas por el Estado peruano sobre áreas naturales protegidas y paisajes emblemáticos, similares al de la turística Montaña de los Siete Colores, en Cusco, advertido el mes pasado.

Durante la presentación del vigésimo segundo reporte del OCM, el exviceministro José De Echave, director de la organización, explicó que el caso de la montaña Vinicunca, también conocida como la montaña arcoíris, ha servido para poner el foco sobre otros casos similares pero no menos preocupantes.

Entre ellos destacó aquellos casos de espacios naturales donde el agua es un elemento fundamental para el ecosistema y la seguridad hídrica de la población, como la cordillera del Huayhuash, parte de los Andes centrales de Perú, y los bosques y páramos de Ayabaca y Huancabamba, en la norteña región de Piura.

En el caso del Huayhuash, catalogada como una zona reservada, abarca una de las extensiones de glaciares más grandes del país, en extinción por el calentamiento global, que ha hecho perder casi el 40 % de su superficie glaciar en los últimos 50 años, hasta dejarla en apenas 53 kilómetros cuadrados que existen actualmente.

"Si al retroceso que sufren los glaciares le sumas la presión de actividades económicas como la minería, el problema es demasiado importante", advirtió De Echave.

Asimismo, el OCM identificó otras concesiones mineras en espacios naturales protegidos, como en la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas, dentro de la sierra andina de Lima, y en el santuario nacional Tabaconas Namballe, en la norteña región andina de Cajamarca, que tiene carácter de intangible.

Sobre la Montaña de los Siete Colores, cuya concesión a una minera canadiense generó indignación a nivel nacional por tratarse de uno de los principales atractivos turísticos de Cusco, el OCM informó que la empresa ya inició el proceso ante el Ministerio de Energía y Minas para renunciar a sus derechos y devolver el territorio al Estado.

El objetivo es que la montaña arcoíris pueda formar parte del área de conservación regional Ausangate que promueve el gobierno regional de Cusco, y que incluye a la montaña sagrada de la antigua capital del imperio incaico.

De Echave explicó que esta superposición entre concesiones mineras y áreas naturales protegidas revela una política desordenada y caótica, fuente de múltiples conflictos socioambientales que requiere replantear el modelo de ordenamiento territorial del país.

Advirtió además que en Perú hay alrededor de 18 millones de hectáreas entregadas a privados con fines mineros y que el 35 % de estas está sobre los territorios de comunidades campesinas, según un estudio del Instituto del Bien Común (IBC).

El OCM, integrado por las ONG CooperAcción, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), advirtió además que durante el primer semestre del año hubo un alza constante de los conflictos sociales hasta llegar a 198 en mayo, la mayoría por minería.

EFE