Pedro Castillo, golpe de Estado y corrupción, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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El expresidente Pedro Castillo se expresó ayer ante el Pleno del Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse sobre el recurso de Habeas Corpus presentado por sus abogados. Castillo se halla detenido desde el pasado 7 de diciembre, acusado por el delito de rebelión. El concepto de “rebelión” puede parecer débil, pero es el que corresponde a nuestro ordenamiento legal. Nadie que haya escuchado el discurso que Castillo pronunció hace un año puede dudar de que se trataba de lo que denominamos en el habla corriente, un golpe de Estado, es decir un ejercicio autoritario del poder presidencial para desequilibrar en su beneficio los poderes del Estado. Castillo anunció en efecto la clausura del Congreso y la suspensión del Poder Judicial. Sus palabras parecían un calco de las que pronunció Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Si Castillo hubiera tenido éxito se hubiera instalado una nueva dictadura y hubiéramos perdido nuestras libertades, porque sin justicia independiente y sin prensa libre, quedamos en manos de la versión oficial y de los poderes fácticos. Sin embargo, lejos de reconocer la gravedad de su decisión, Castillo persiste en su retórica populista, de acuerdo a la cual él es una víctima de las élites, que “no están de acuerdo con mis orígenes”, según dijo. Niega también haber pretendido fugarse y afirma que la prueba de su arraigo es la identificación “con el pueblo”. Lo que sorprende de su situación judicial es que no haya avanzado la investigación fiscal por corrupción. Existen multitud de indicios y algunos colaboradores eficaces. ¿Por qué la Fiscal Patricia Benavides no lo ha denunciado? El tema de la corrupción es tanto más grave, que parece probable que Castillo haya decidido la aventura golpista por temor a las revelaciones que fueron hechas por Salatiel Marrufo horas antes del discurso del 7 de diciembre. Como en muchos otros casos, la dictadura es lo que más conviene a los políticos corruptos.

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