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Piura: crean Comisión Especial para investigar gestión de Atkins

Tres consejeros regionales investigarán al expresidente regional Javier Atkins y 19 de sus exfuncionarios y servidores por obra Kilómetro 21.

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El pleno del Consejo Regional de Piura, en sesión extraordinaria, aprobó conformar una Comisión Especial para investigar y descartar, o confirmar, los presuntos delitos penales en que haya incurrido el expresidente regional Javier Atkins, así como en 19 personas más, entre exfuncionarios y exservidores, quienes serán investigados por la instancia del gobierno regional Piura.

El Consejo Regional avaló su decisión en la recomendación número tres del informe 1157 de la Contraloría General de la República en donde se advierte una serie de responsabilidades administrativas y perjuicio económico que se cometieron en la ejecución de la obra Kilómetro 21, obra que se ejecutó por administración directa en la gestión de Atkins.

Correspondió al secretario del Consejo Regional y Secretario Técnico Anticorrupción, Jaime Távara Alvarado, presentar el mencionado informe recibido por la Contraloría y que se destacó, representa una prueba pre constituida que significa un indicio válido, sujeto a una investigación la que determinará responsabilidad.

La comisión especial del Consejo Regional integrada por los consejeros Eligio Sarango Albújar, Óscar Echegaray Albán y Hermer Alzamora Román, tiene un plazo de 40 días de investigación, que puede ser prorrogable porque el reglamento del consejo establece un plazo hasta de 60 días.

“Se buscará determinar si hubo o no omisión de actos funcionales. En este caso nos corresponde investigar con esta prueba pre constituida. Es lo que amerita en este tipo de informes. De los tres miembros elegidos vamos a determinar internamente y ponernos de acuerdo para ver quién va a presidirla”, declaró Helmer Alzamora, consejero delegado.

A su turno, Oscar Echegaray señalaron que esta Comisión Especial tendrá competencia amplia. “Se habla de Omisión de Actos Funcionales, se habla de un acto administrativo que podría inhabilitar e ejercicio de función pública. Se puede configurar de peculado, colusión defraudatoria, incluso de falsedad ideológica”, anotó.

También se ha encargado a la Comisión de Fiscalización para que realice el seguimiento del procedimiento administrativo sancionador que está empezando a implementar el órgano instructor de Contraloría General de la República respecto de funcionarios y/o servidores señalados en las observaciones de control.

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