Poder Judicial reconoce derechos constitucionales de pobladores de Morococha no reasentados por minera Chinalco

Tras casi un año de que los habitantes de la antigua ciudad de Morococha presentaran una demanda de habeas corpus contra la minera Chinalco, el Poder Judicial reconoció sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar”.

El juez contradijo lo esgrimido por la empresa Chinalco, que señalaba que eran merodeadores de la antigua Morococha e incluso personas ilegales que estarían viviendo a cuenta y riesgo propio.

La resolución judicial también reconoce el derecho al libre tránsito de los pobladores, luego de que la minera, según los denunciantes, les cerrara el acceso a sus propias viviendas.

Cuando se inició la etapa de exploración del megaproyecto Toromocho a cargo de Chinalco Perú, subsidiaria de Aluminium Corporation of China, se empezó a planificar y diseñar el reasentamiento poblacional de los habitantes del distrito de Morococha puesto que dicha actividad se desarrollaría a tajo abierto de las reservas de cobre y molibdeno.

En el 2012 se inició el proceso de reasentamiento; sin embargo, un grupo de familias no aceptó las condiciones que daba la empresa para el traslado. De acuerdo con los pobladores, ahí empezó el problema, pues fueron acusados de ilegales.

ABANDONO ESTATAL

Según precisa Elvis Fuster Calderón, representante del Frente de Defensa de los Intereses de Morococha, a las familias que se quedaron la minera les cerró el paso y tuvieron que aprender a vivir entre los desechos.

“Las escuelas y numerosas casas han sido reducidas a escombros. Tampoco hay posta médica ni comisaría, y las viviendas que quedan en pie están expuestas a las vibraciones y los cascajos que provocan las explosiones controladas de Chinalco”, comentó.

Para Carlos Castro, asesor legal de los pobladores, con la resolución del Poder Judicial se le devolvió los derechos a este grupo poblacional. Indicó, además, que el juez constató el estado en que vivían los pobladores que se negaron al traslado.

“El propio juez ha dicho que se vive en escombros. Han verificado la inexistencia de energía eléctrica, no tienen acceso a la tecnología, se ha verificado que destruyeron las vías de acceso y los mismos pobladores tuvieron que arreglarlo”, dijo.

Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), lo resuelto por el Poder Judicial no hace más que reconocer los derechos de los pobladores de Morococha, restableciendo las necesidades básicas de los pobladores.

“Se necesita una mira en conjunto y un Estado que cumpla con sus funciones regulatorias. Si la minera no cumple el Estado debe hacerlo cumplir”, concluyó la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Jennie Dador.

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