El ministro de Economía multiplica los mensajes de optimismo económico y afirma que algunos indicadores son desde ya superiores a los que se registraban antes de la pandemia. Pero reconoce que el empleo no ha podido recuperarse.
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La actividad política parece enfocada a negociar las condiciones que deben reunirse para que el gabinete de Mirtha Vásquez reciba el voto de confianza en el Congreso. La salida del ministro del Interior y el abandono de la convocatoria a una Asamblea Constituyente son por ahora los dos obstáculos de mayor consideración. A ellos se añade el rocambolesco nombramiento de Richard Rojas como embajador en Venezuela. Mientras tanto el ministro de Economía multiplica los mensajes de optimismo económico y afirma que algunos indicadores son desde ya superiores a los que se registraban antes de la pandemia. Pero reconoce que el empleo no ha podido recuperarse.
Que toda persona pueda ganar su sustento a través de una actividad productiva debe ser uno de los objetivos supremos de una economía inspirada por valores humanistas. Por eso debemos aprovechar los cambios impuestos por la pandemia para corregir con audacia las razones por las que somos uno de los países con mayor informalidad laboral del mundo. El empleo digno no es una simple variable subordinada a la tasa de crecimiento. Y la informalidad no es, como algunos creen, una muestra de nuestro ingenio y de nuestra admiración por los emprendedores.
Es sobre todo expresión de nuestra incapacidad para organizarnos con respeto a todos los actores sociales. La experiencia del trabajo a distancia, el aumento de la productividad y la adaptación a las nuevas condiciones de vida en familia han creado una realidad que nadie imaginó antes de la pandemia. En Estados Unidos, por ejemplo, existen hoy nueve millones de desempleados y diez millones de puestos de trabajo que nadie quiere asumir.
¿No podrán los partidos y el gobierno alejarse de sus cálculos de supervivencia y contribuir al diseño de una sociedad orientada al pleno empleo? La empresa privada es la principal fuente de empleo, pero el Estado debe realizar reformas que favorezcan la contratación y la productividad. Resignarnos a la inercia resultará más caro que invertir en la formación y adaptar el sistema educativo a la evolución de la sociedad.
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