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Sala Penal Nacional realizó audiencia pública en caso ´Sánchez Paredes´

Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia

La Procuradora Sonia Medina pidió a Colegiado ´D´ remitir expediente a Fiscalía Suprema, mientras que abogados de procesados solicitaron aprobar dictamen no acusatorio.

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El Ministerio Público opinó este jueves que “no hay méritos para pasar a juicio oral” a los integrantes de las familias Sánchez Paredes, Sánchez Alayo y otros, procesados por el presunto delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, informó la Corte Suprema de Justicia.

La decisión del Ministerio Público se dio en el marco de una audiencia pública donde se vieron informes orales, con derecho a réplica y dúplica. 

La procuradora pública especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas,  Sonia Medina Calvo, participó en defensa del Estado.

En su presentación, Medina hizo un extenso examen del dictamen de la fiscal superior María Maguiña Torres, y concluyó que el mismo “presenta omisiones, contradicciones y ausencia de razonamiento jurídico”.

Solicitó al tribunal remitir el expediente a la Fiscalía Suprema Penal para que disponga la formulación de la acusación contra los procesados.

En defensa de los acusados, hicieron uso de la palabra los abogados César Nakazaki, Luis Roy Freyre, César Azabache, Jorge Paredes y Luis Reyna Alfaro.

El abogado Nakazaki expuso que de lo actuado en este proceso judicial no se ha establecido la existencia del delito fuente o previo, es decir, del tráfico ilícito de drogas, para que se impute el delito de lavado de activos a sus defendidos.

En ese contexto, Nakasaki pidió al colegiado aprobar el dictamen no acusatorio de la fiscal superior Maguiña Torres y, en consecuencia, se archive, por falta de pruebas, la causa seguida contra sus patrocinados.

Al final de la sesión, el presidente del colegiado, solicitó la colaboración de las partes procesales en razón de la abundancia de documentos del expediente que serán revisados en forma exhaustiva, y que emitirán su decisión dentro de los plazos que fija la ley.

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