En un plazo máximo de 72 horas, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos se pronunciará respecto a la denuncia presentada por el abogado aprista Carlos Calderón y la Procuraduría Anticorrupción para reabrir el caso de la entrega indebida de dinero proveniente de la partida de subvenciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Según el titular de este oficina, Carlos Ávalos Rodríguez, ambas denuncias van a ser materia de análisis, aunque aclaró que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional impide reabrir algunos casos.
Aseguró también que las denuncias esperarán su turno porque hay otras demandas trascendentes que abordar.
El fiscal señaló que la norma establece que no se pueden reabrir los casos cuando los hechos son atípicos, pero sí cuando faltan elementos de convicción.
“En estos supuestos vamos a ver sobre cómo se justifican las solicitudes de reapertura. Si versan sobre algún supuesto donde nosotros dijimos que lo que había era atipicidad o versan en supuestos donde dijimos que faltaban elementos de convicción. También pueden haber elementos nuevos”, apuntó.
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