Violeta Bermúdez negó que se haya hablado sobre una denuncia civil o penal por difusión de informe de la vacuna

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó este domingo que no ha hablado de ninguna denuncia civil o penal contra quienes difundieron el informe preliminar sobre el estudio de la vacuna del laboratorio Sinopharm contra la COVID-19 y que puso en duda su eficacia.

Según explicó, lo que ha solicitado es un informe al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin de que evalúe si existe alguna posibilidad de interponer acciones legales contra la desinformación. Esto debido a que consideró que el difusor del documento preliminar sobre el estudio que realizó la Universidad Cayetano Heredia (UPCH) actuó de forma irresponsable.

“En ningún momento he hablado de ninguna denuncia civil o penal o de algún tipo, yo tengo que pedir informe al Ministerio de Justicia que es la autoridad jurídica de nuestro país (…) Esto realmente nos parece muy irresponsable”, dijo al dominical Panorama.

Preocupación de la ciudadanía

Violeta Bermúdez indicó también que la presentación del informe preliminar sobre el estudio fue informar de manera errónea y que causó una preocupación innecesaria a la ciudadanía sobre la efectividad de la inoculación contra la COVID-19, en pleno proceso de vacunación. Agregó que han recibido preguntas de parte de personas que estaban con dudas respecto de la vacunación.

“Hemos recibido muchas preguntas, preocupaciones, alertas de personas, sobre todo personas adultas mayores, que estaban ilusionadas con su vacunación, a quienes a partir de este reportaje le han entrado dudas y eso de verdad a nosotros sí nos parece vulneratorio del derecho de la información”, indicó.

En esa línea, la titular del Gabinete Ministerial sostuvo también que más allá de plantear sanciones le preocupa que se transmitan mensajes irresponsables que atenten contra la ciudadanía, por lo que sostuvo que hay que “informar de manera veraz”.

La representante del Gobierno indicó el pasado 6 de marzo que las personas que difundieron el informe de la UPCH deberán dar cuenta de cómo lo obtuvieron. Además, aseguró que habrá responsabilidades que deberán investigarse, para eso sostuvo que el Ejecutivo estaba evaluando acciones a tomar contra estas personas y que “la libertad de expresión, como todo derecho, tiene límites”.

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