Fiscales denunciantes piden medidas de seguridad. | Fuente: Foto: Andina

Dos fiscales del distrito fiscal del Santa, en la región Áncash, han denunciado amenazas de muerte debido – según refieren – a investigaciones que tienen a su cargo.

En una rueda de prensa, la fiscal titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Evelyn Lamadrid Vences, y la fiscal adjunta superior penal, Carla Zuloaga Pajuelo; pidieron que se extremen las medidas de seguridad, pues temen atentados en su contra.

La fiscal Lamadrid aseveró que hace poco recibió la visita de una persona en su despacho que le dio cuenta de un plan para atacarla y se habría contratado a sicarios de la temible banda criminal “La Jauría” que opera en la región La Libertad.

La magistrada asocia estas amenazas a las investigaciones que tiene a cargo respecto a la minería informal, en las que incluso ha realizado operativos para desarticular organizaciones dedicadas a esta mala práctica.

Esta situación-dijo- ya ha sido advertida a sus superiores, pero hasta el momento no cuenta con resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Estamos tocando temas muy delicados como minería informal y también en la actividad pesquera; son sectores donde se mueven muchos intereses y mucho dinero. Es muy fácil que atenten contra nosotros, por eso necesitamos el resguardo del Ministerio del Interior”, expresó.

Por su parte, su colega, la fiscal Zuloaga, contó que se siente reglada y que la persiguen. Narró que en dos oportunidades desconocidos le desinflaron las llantas de su auto y lo rayaron con un arma blanca.

Para la fiscal estos actos tienen relación con la sentencia que logró en contra del preso exalcalde de la provincia del Santa, Luis Arroyo Rojas, presunto integrante de la organización del exgobernador regional César Álvarez Aguilar.

Trámite

Afirmó que un segundo ataque contra su vehículo se produjo un día antes de iniciar un nuevo juicio oral contra esta exautoridad por delitos de corrupción de funcionarios.

Si bien reconoció que hace poco le restituyeron la seguridad, añadió, que el efectivo designado cumple únicamente funciones administrativas y no de resguardo.

Al respecto el jefe de la División Policial, coronel PNP James Tanchiva, precisó que se está realizando el trámite correspondiente para ver si es que se aprueba el resguardo permanente para las magistradas.

No obstante, aclaró que las amenazas aún son materia de investigación. “Aún no son hechos comprobados para poder brindar resguardo, tiene que haber un informe de Inteligencia; pero de todas maneras se está siguiendo el trámite correspondiente”, subrayó.

Andina

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