La Federación de Estudiantes de la Universidad San Pedro acusa a la asamblea de coludirse con el ahora prófugo rector José María Huamán por no vacarlo del cargo tal como lo recomendó la Sunedu.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad San Pedro, Alicia Tapia Rivera, solicitó el cambio de los integrantes de la Asamblea Universitaria y una reorganización de los órganos de gobierno de la casa de estudios tras ordenarse el encarcelamiento del rector José María Huamán Ruíz.
Dijo que la Asamblea estuvo coludida con la prófuga autoridad porque no hizo caso a la exhortación de la Sunedu que recomendó vacar a Huamán Ruíz para que asuma el cargo como rector encargado, Gílmer Díaz Tello.
Anunció, además, que los estudiantes buscarán reunirse con el rector encargado, Gílmer Díaz para pedirle la reorganización total de la casa de estudios, pues consideró que la imagen de la universidad ha sido mellada por la situación legal del rector.
La dirigente también mencionó que esperan que en las próximas elecciones de la universidad se elijan a autoridades honestas y que no cuenten con antecedentes por delito doloso como es el caso del rector encargado que es investigado por el presunto delito de lavado de activos.
“Pido a los estudiantes a mantenerse alerta para que no vuelva la corrupción”, manifestó.
Buscan a rector. Agentes de la División Policial Chimbote buscan en la ciudad de Lima al prófugo rector de la Universidad San Pedro, José María Huamán Ruíz, así lo informaron fuentes de la Policía Judicial.
Indicaron que seis días antes que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa ordenara la ubicación y captura de la autoridad, la policía había realizado una labor de seguimiento.
Sin embargo, refirieron que el último día que lo vieron en Chimbote fue el jueves 30 de noviembre cuando abordó su camioneta a la salida del rectorado. Luego le perdieron el rastro, por lo que consideran que se encuentra fuera de la ciudad de Chimbote.
Como se sabe, el juzgado revocó la sentencia de tres años de prisión suspendida que se dictó contra la autoridad universitaria por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.
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