El juez Luis Madariaga, quien el año pasado sentenció a Cáceres por una mala gestión durante la emergencia sanitaria, también ordenó a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, a comunicar la distribución de las vacunas en la región.
El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, deberá en un plazo de cinco días informar las acciones que realiza para afrontar una posible segunda ola de contagios del nuevo coronavirus, así lo dispuso el juez Luis Madariaga Condori.
El juez del módulo básico de justicia de Mariano Melgar, quien sentenció a Cáceres por una mala gestión en la pandemia, realizó observaciones por la falta de ventiladores mecánicos para atender a pacientes con la COVID-19 y los implementos de seguridad del personal médico y administrativo de los hospitales.
Ante ello, pidió a la autoridad regional también precisar cuál es la situación actual de los hospitales Honorio Delgado Espinoza y Goyeneche. En caso no se brinde la información, Cáceres Llica tendrá responsabilidad civil, penal y administrativa.
Igualmente ordenó a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, cumplir con proporcionar información documentada de las gestiones que ha realizado el gobierno central para la adquisición de vacunas efectivas contra la COVID-19 y la distribución de las mismas a la región Arequipa.
A la Contraloría General de la República le pide emitir un informe documentado, dentro de cinco días, sobre el proceder del gobierno regional con las observaciones señaladas en la sentencia de noviembre y detallar la situación actual de los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado Espinoza; así como la situación actual del coliseo “Sombrero de Majes”.
Asimismo, exhorta a la población en general a cumplir estrictamente las medidas de seguridad y protocolos de protección.
El 23 de noviembre,Madariaga Condori dispuso la destitución del gobernador por su mala gestión durante la emergencia sanitaria. El magistrado decidió declarar fundada la demanda de acción de amparo interpuesta por el ciudadano Pool Alarcón Barrionuevo, debido a que la máxima autoridad arequipeña no implementó el protocolo de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID-19.
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